VOX sufre una auténtica sangría: casi la mitad de los concejales de Vox elegidos en las elecciones municipales de 2019 han abandonado el partido

En las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2019, Vox obtuvo en toda España 530 concejales. Desde entonces casi la mitad, más de 200, se han ido o han sido expulsados de la formación que lidera Santiago Abascal. Se trata de una auténtica sangría de ediles, inédita en cualquier otro partido político en tan sólo tres años. Los comicios locales se celebraron un año después de las andaluzas, cuando Vox alcanzó 12 diputados autonómicos y, por vez primera, representación en las instituciones.

Las dos últimas dimisiones se han producido, precisamente, tras las elecciones andaluzas del pasado 19 de junio, en las que Macarena Olona obtuvo 14 escaños, muy por debajo de las expectativas. La primera ha sido la de la concejal y portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Benalmádena, Gema Carrillo, el 22 de junio. Ha renunciado a su acta argumentando motivos “personales”.

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Benalmádena, Gema Carrillo, la última en abandonar el partido.

La segunda dimisión, hace apenas cinco días, es la de Nuria Almagro, de Águilas (Murcia), quien pasa a ser concejal no adscrita. Almagro ha sido mucho más explícita que su homóloga malagueña. En un duro comunicado, Almagro ha explicado que “cualquier partido que en su seno interno se comporte de forma totalitaria y antidemocrática, no puede ofrecer apertura y diálogo a la sociedad; que un partido que emplee tácticas de amedrentamiento y coacción a quienes alzan la voz no puede traer justicia y seguridad; que un partido que no vea oponentes sino rivales, que juegue a generar miedo y odio hacia el prójimo por razón de su origen, ideología o creencias y cuyo único argumento frente a quienes no comparten sus ideas es el pueril victimismo y el insulto, no puede traer paz social ni respeto por la vida”.

Pero, tras no cumplirse las expectativas el pasado 19 de junio, y a 11 meses de celebrarse nuevamente elecciones municipales, el número de concejales que se han ido quedando por el camino en estos tres años supone un reto adicional para Vox, que deberá trabajar muy seriamente para recuperar sus políticas municipales.

Tanto fuentes internas como externas del partido coinciden en afirmar este extremo. La coincidencia argumental es absoluta: Vox ha cometido, desde mayo de 2019, dos errores. “El primero es que se ha olvidado de la función municipal”, detalla a este periódico una fuente de toda solvencia, aun ligada a Vox pero con el desencanto de haber trabajado “muy duro desde los inicios” sin que el partido se haya ocupado de ir “más allá de ofrecer tutoriales, una vez al mes, de temáticas como los presupuestos municipales, impuestos desde Madrid. Eso no es cuidar al concejal”.

Imposiciones y supervisión férrea

La segunda causa, añade, es “un desprecio absoluto a la actividad municipal”, poniendo como ejemplo la imposición de mociones en clave nacional a todos los ayuntamientos en los que tienen representación, “como por ejemplo, sobre el uso de las banderas de España en Cataluña, cuando hay municipios de más de 50.000 habitantes que solo pueden presentar una única moción a pleno”. Esta misma fuente subraya que los resultados del 19-J -donde Vox, pese a lograr 100.000 votos más que en 2018 y dos nuevos parlamentarios, no ha cumplido sus expectativas- significa que Andalucía “puede ser el principio del fin de Vox, a no ser que cambien”. Y el tiempo corre en su contra.

Estas dos causas hay que unirlas a una estructura orgánica muy jerarquizada, en la que existe la figura del portavoz municipal, como concejal, y al margen, la del coordinador local del partido. Lo habitual es que el portavoz del grupo municipal sea, además, el coordinador o presidente local. En la práctica, se trata de un sistema de contrapeso político, bicefálico, introducido tras las últimas elecciones municipales y que supone una supervisión férrea del partido. El resultado es que deja a los concejales sin margen de maniobra.

Cualquier reunión que quiera mantener un concejal, es decir, su agenda, debe ser comunicada al partido al menos con quince días de antelación, y a su vez, se trasladará a la provincial, y deberá ser aprobado finalmente desde Madrid. Cualquier asunto políticamente sensible y trascendente que pueda surgir en un municipio y que requiera de una rápida respuesta deberá pasar por ese filtro. Se producen, por tanto, situaciones de auténtico atasco que deja a los concejales absolutamente huérfanos por no verse respondidos. Ocurre exactamente lo mismo en sus comparecencias ante los medios de comunicación: todas deben ser consultadas y aprobadas por el partido.

“El problema de Vox es que está obsesionado con que Santiago Abascal sea presidente, y lo que están consiguiendo es que sea un gigante con los pies de barro”, cuenta un concejal andaluz que fue de Vox y que ahora es edil no adscrito. Porque la fortaleza de cualquier partido “está en la base: en los municipios”, y Vox “no se preocupa de ellos. Están demasiado centrados con los temas ideológicos, en la batalla cultural y en ensalzar a Abascal. Ya lo hemos visto en las elecciones autonómicas andaluzas, que siempre cerraba los mítines de Olona. Ella nunca ha dado uno sola”. Y además, añade que “la batalla cultural, que es lo que ha forjado la marca Vox, ya aburre a la gente”.

La batalla cultural y en clave nacional es, precisamente, en lo que basó Macarena Olona su campaña andaluza. El grupo parlamentario de Vox presentó un total de 3.228 iniciativas en la cámara andaluza en tres años y medio. Bien como parte del programa electoral o como mensajes detallados por localidad o para cada una de las ocho provincias, lo cierto es que como mensajes políticos, y como propuestas al detalle, pasaron absolutamente desapercibidas en cualquiera de sus intervenciones públicas.

El ya citado concejal -lo es de un pueblo de 25.000 habitantes y gobernado desde hace más de dos décadas por el PSOE- abunda que desde 2017 “el 99% de las mociones que presenté eran de temática municipal”. Fue un verso suelto. En los plenos “me las aprobaban por unanimidad”, sostiene, “porque eran medidas de sentido común. Pero a la hora de comunicarlo tampoco Vox en la provincia les daba importancia”.

Otro concejal no adscrito detalla que “si Vox no cambia de mentalidad y ponen en marcha un plan para cuidar a la gente que se está partiendo la cara, se van a pegar un batacazo. Porque estamos hablando de gente que ha hecho un trabajo titánico. Y no se puede empezar la casa por el tejado, sin cimientos, porque se hunde”.

El trabajo de un edil, del partido que sea, es estar “a pie de calle y trabajarse mes a mes las mociones que presenta a pleno, trabajando sobre el terreno. Lo que no puede ser es que nos exigieran meter la impuesta desde Madrid, y que no nos dieran pautas o argumentarios para el ámbito local, porque teníamos que esperar a la respuesta de los filtros intermunicipales. No es razonable: ¿cómo van a decir desde Madrid lo que necesita o presento para mi pueblo?”, se pregunta.

Los ingresos y los cargos

“Si yo pensara que el proyecto de VOX es lo que es, yo estaría luchando. Pero me han demostrado desde la nacional que esto es el negocio de cinco amiguetes”. Lo dice un ex alto cargo, orgánico, de Vox en Palencia. Algo parecido relata José Manuel Martínez de Ayala, ex de Vox y ahora fundador del partido España Suma. No han concurrido a las autonómicas “porque precisamente queremos empezar desde abajo: por las municipales. Desde el suelo: así no te tambaleas”.

Otro de los motivos por los que Ayala abandonó la formación fue “por la imposición de cargos de confianza” y “porque los grupos municipales sirven para financiar a Vox”, ya que los ingresos de los grupos municipales pasan de manera automática a otra cuenta controlada por el partido. Eso lo une al bloqueo a la hora de presentar mociones, “como la que tuvimos que presentar sobre el Holocausto en plena pandemia”. Las trabajadas como concejales, en su caso, “ni te las contestaban. Es más, es que hasta para hacer un comentario en redes sociales también tenías que pedir permiso”. Luego “tenía que pasearme por el pueblo, y claro, allí que te conocen, pues te acababan poniendo la cara colorada”.

Otra de las razones para el desánimo, al menos, en Andalucía, es el incumplimiento del punto 9 del programa electoral general de Vox para las elecciones municipales. El artículo recoge explícitamente “reducir de forma significativa el número de asesores”. Juan Francisco Rojas Fernández, presidente de Vox Almería, diputado provincial y concejal de la capital almeriense, tiene a su cargo, entre la Diputación y el Ayuntamiento de Almería, a cinco asesores. Cuatro de ellos son cargos orgánicos del partido. Tres cobran por el Ayuntamiento y los otros dos, por la Diputación almeriense.

Así, con cargo a Diputación de Almería, se encuentran la actual vicesecretaria de organización provincial, Cristina Prieto, quien fue trasladada desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, donde era asesora del grupo municipal. Bajo el paraguas de la Diputación también se encontraba la hasta ahora vicesecretaria jurídica, María Mercedes Rodríguez: acaba de incorporarse como parlamentaria andaluza por la circunscripción de Almería. Con cargo al presupuesto municipal del Ayuntamiento almeriense, trabajan la responsable provincial de comunicación, y la vicepresidente provincial, Manuela del Mar Martín Ibáñez.

Las elecciones andaluzas, y la elaboración de las listas provinciales de Vox, también han abierto una brecha profunda entre sus bases. “Se ha suprimido a personas que en el Parlamento andaluz han trabajado mucho, y que son muy válidas, como Ángela Mulas, por Cádiz, Eugenio Moltó, por Málaga” o Francisco Ocaña, de Granada, detalla otra fuente aun vinculada a Vox. Por Sevilla tampoco ha ido en las listas María José Piñero. De hecho, de la pasada legislatura solo permanecen 5 de los 14 logrados por Vox el 19 de junio.

La elaboración de las ocho listas provinciales provocaron tal malestar en Andalucía que el partido de Santiago Abascal se vio obligado a remitir un correo electrónico invitando al afiliado que trajera a familiares o a amigos para que fueran interventores en las mesas electorales. Finalmente, Vox tuvo que fletar autobuses de otras comunidades autónomas para poder cubrir mesas. De hecho, Ignacio Garriga, actualmente diputado de Vox en el Parlamento catalán, estuvo de apoderado en Algeciras el pasado 19 de junio.

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