Hay que impedir que los jueces se entrometan en el trabajo de los médicos

REDACCIÓN VOZ IBÉRICA.

La sentencia de un tribunal de Castellón de la Plana, que avala la aplicación de «pseudoterapias» -la «ozonoterapia», una supuesta terapia que no ha sido probada y que no cuenta con el aval de la comunidad médica-, bajo el pretexto del «uso compasivo» es un disparate que rema a contracorriente de la ciencia y del sentido común que se le presupone a un juez.

La sentencia llega después de que la familia de un paciente de Covid denunciara la negativa de los médicos de un hospital de Castellón a permitir el uso de la ozonoterapia para tratar al enfermo. Una terapia extravagante basada en la aplicación de pequeñas dosis de ozono (a veces por vía rectal) y que precisa de un respaldo científico mayor que el de la rumorología de pasillo.

En respuesta a la polémica decisión judicial, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos ha enviado una carta al Consejo General del Poder Judicial para poner los puntos sobre las íes y reclamar que la Justicia actúe dentro de los parámetros de la ciencia y la razón.

¿Cómo se explica que un juez falle en contra de una decisión médica y respalde el uso de una pseudoterapia inconsistente y desautorizada por las instituciones sanitarias?

Ante la situación creada, tras la sentencia del juzgado de Castellón, no cabe otra opción que sumarse a las quejas de los médicos y condenar la resolución del tribunal que, no sólo obvia las opiniones de los expertos, sino que crea un precedente peligroso en España y transmite un mensaje realmente preocupante, de respaldo a las pseudoterapias, también llamadas «terapias alternativas»…

Judicialización de la medicina

El caso es paradigmático y tiene relevancia más allá de la flagrante falta de evidencia científica de la ozonoterapia. Porque el auto judicial no sólo desoyó las opiniones de los cardiólogos y los intensivistas, sino que obligó a los trabajadores del hospital a permitir que se pusiera en marcha una pseudoterapia (aplicada por un especialista externo) que se ha revelado insegura e ineficaz para el paciente.

Es inexplicable, e inadmisible que, un juez imponga su criterio por encima del criterio médico. Más si cabe en situaciones donde su trabajo debería limitarse a confirmar la decisión de los profesionales.

Como indica la carta, enviada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos al Consejo General del Poder Judicial, «la judicialización de la medicina, a espaldas de los fundamentos clínicos de asistencia, introduce un elemento de distorsión en la práctica clínica y un eventual motivo de confrontación entre todas las partes».

Es un absoluto despropósito, una decisión tremendamente grave, que roza la prevaricación que, en momentos como los que nos han tocado vivir, durante una epidemia que exige un esfuerzo físico y mental sobrehumano de los médicos, un juez desautorice sus prácticas e imponga irresponsablemente las que se les antojan a los pacientes más crédulos.

Puede comprenderse que una familia, ante la desesperación de la gravedad de la enfermedad del pariente, ruegue la aplicación de una práctica alternativa y contraria a la ciencia.

Pero esa comprensión no puede ser, bajo ningún concepto, el argumento que fundamente una decisión de un tribunal. Más allá de que, como recoge la carta del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, enviada al Consejo General del Poder Judicial , el pronunciamiento judicial estuviese «probablemente» motivado por la voluntad de ayudar al paciente.

Insistimos: es una absoluta arbitrariedad, un acto calificable de prevaricación que un juez utilice como argumento, para fundamentar su resolución, la buena voluntad y el «uso compasivo», y que un juez pase por encima del criterio científico en una sociedad avanzada como la nuestra. Tampoco es admisible que suplante, con una imprudencia inaudita, una labor que corresponde exclusivamente a los médicos.