Don Felipe VI ha de proponer al Congreso de los Diputados, para nuevo presidente del Gobierno, a un buen gestor que impida el despilfarro y que priorice el gasto en lo realmente imprescindible, aplicando criterios de economía doméstica. Y no es necesario que sean ni Feijoo ni Sánchez
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
Esta semana he escrito un artículo que titulaba «Si yo fuera el Rey, Felipe VI…» https://www.voziberica.com/si-yo-fuera-el-rey-felipe-vi/
En él expongo algunas cuestiones que, a mi modesto entender, debería tener en cuenta nuestro Rey, Don Felipe VI cuando relice el «casting» para proponer un candidato a presidente del Gobierno de España, una vez constituido el nuevo Congreso de los Diputados elegidos en las elecciones del 23 de julio, y tras reunirse cuantas veces considere conveniente con las personas que los partidos políticos con representación en el Congreso elijan como portavoces.
Entre otras le sugería a nuestro Rey cuestiones tales como que se asesora con personas de probada experiencia, exitosa, en la gestión de dineros ajenos y especialmente, Amancio Ortega, Juan Roig y Rafael del Pino. También le sugería que hiciera cuantas averiguaciones fueran precisas para localizar al mejor administrador de fincas de España; pues la gestión de lo público no deja de ser al fin y al cabo la gestión de una macro comunidad de propietarios y vecinos, el mantenimiento de los elementos comunes, de equipamientos e instalaciones, contratación de obras y de bienes y servicios que, si se lleva de forma racional tiene que resultar lo menos gravosa para los comuneros, al mismo tiempo que reciben magníficas prestaciones que les compensen las aportaciones dinerarias que realizan periódicamente ¿Para qué si no se supone que sirven los impuestos?
Y, hablando de impuestos y de gestionar el dinero recaudado, viene a cuento en estos momentos destacar que España, mejor dicho la Administración, el Estado ha contraído una deuda a lo largo de las últimas décadas de más de UN BILLÓN Y MEDIO DE EUROS (1.500.000.000.000 de €). Los diversos gobiernos han alcanzado ese nivel de deuda por la sencilla razón de que gastan más de lo que son capaces de recaudar… Me dirán entonces que es que, todos, son malos recaudadores además de despilfarradores. ¿Acaso la solución es recaudar más? ¿O tal vez dejar de malgastar? ¿Cuáles son las posibles soluciones?
Cualquier persona que tenga un mínimo de sensatez dirá que la solución no es crear más impuestos o subir los ya existentes, también, si además de sensatez posee información, añadirá que hay que dejar de despilfarrar, dejar de gastar en cuestiones suntuosas, supérfluas, innecesarias, y priorizar el gasto en lo esencial, en lo realmente imprescindible, aplicando criterios de economía doméstica y renunciando a lo en este momento no nos podemos permitir. Hacer lo contrario, como viene sucediendo desde hace ya muchos años, conduce a empobrecer a España y a los españoles pues, los productos, los bienes y servicios, la contratación de obras, etc. se encarece inevitablemente ya que los diversos gobiernos, además de crear nuevos impuestos y subir los ya existentes, recurren a endeudarse pidiendo préstamo tras préstamo, aplazando la deuda pública sine díe, y vuelta a empezar… lo cual acaba repercutiendo en las empresas y en los trabajadores-consumidores. que ven como sube el coste de la vida, suben los precios -sin subir al mismo tiempo los salarios- suben los carburantes, suben y suben y vuelven a subir.
El IPC acumula en España una subida del 16% en los dos últimos años, mientras que la inflación subyacente roza el 13% y la subida del precio de los alimentos el 26%. Los sueldos, sin embargo, no han subido en igual medida, y esta es la razón por la cual los españoles han sufrido una de las mayores pérdidas de poder adquisitivo de la OCDE. O, lo que es lo mismo, el mayor empobrecimiento de los países desarrollados.
Los que hayan tenido la santa paciencia de leer los párrafos precedentes me dirán: hay que bajar impuestos y hacer desaparecer algunos (como el de sucesiones, donaciones, y patrimonio) y acabar con las diversas trabas a la inversión, a la creación de empleo, y fomentar la productividad y abaratar costes… Bien, pero no basta con ello pues, salvo que el próximo gobierno de España declare suspensión de pagos o «concurso de acreedores» por no poder hacer frente a las deudas y se nombre a un «administrador consursal» que gestione la situación de insolvencia por falta de liquidez, o se llegue a un acuerdo con los acreedores para conseguir ampliar los plazos o modificar las condiciones de los pagos … ya me dirán ustedes.
Por supuesto, para hincarle el diente a asunto tan peliagudo hay que empezar por hacer un diagnóstico preciso y realista sobre la situación tan terrible que vivimos los españoles, y por supuesto, contarlo sin rodeos, sin adornos, sin circunloquios, sin endulzamientos. España tiene un monstruo de siete extremidades que se llama «estado de las autonomías» que supone un gasto anual superior al 10%, DIEZ POR CIENTO, del Producto Interior Bruto. Cuando murió el General Franco, España con una población de 35,7 millones de habitantes poseía alrededor de 700.000 empleados públicos, hoy son más de 3.500.000.
España posee un Estado mastodóntico, el de mayor magnitud, el más caro y el más ineficaz de Europa y posiblemente del Mundo. España es el país con mayor número de personas que viven de la política de Europa, alrededor de medio millón, incluyendo a los denominados «liberados sindicales». Alemania, que posee el doble de habitantes que España tienes tres veces menos cargos políticos.
La recentralización de todas las competencias transferidas a los gobiernos regionales supondría un ahorro del orden de los 40.000 millones de euros anuales – 36.000 millones en Sanidad y Educación y 4.000 todo lo demás – En total ahorraríamos alrededor de 110.000 millones de euros si se produjera la sustitución del Estado autonómico por un Estado Unitario.
Actualmente, el presupuesto nacional está a merced de ignorantes y corruptos, lo cual conduce inevitablemente a la terrible situación de ineficacia e ineficiencia que padecemos que, da prioridad al clientelismo, al despilfarro, al cohecho, a la malversación, a enormes sobrecostes en la contratación de obras y servicios y un largo etc.; una situación que ya dura décadas, casi medio siglo, en la que los oligarcas y caciques no rinden cuentas ni se hacen responsables del endeudamiento ni de la corrupción.
Decía Cicerón, hace dos milenios, que la enemistad y rivalidad internas de las diferentes facciones políticas son el mayor enemigo de la “re-publica”, más que los enemigos extranjeros…
Decía en mi artículo «Si yo fuera el Rey, Felipe VI…» que emprendería algunas acciones para tener la certeza de que la persona que propusiera al Congreso de los Diputados para que le dieran su confianza y pasara a ser el nuevo Presidente del Goierno de España y destacaba que debería tener constancia de que fuera el más idóneo, un hombre sabio, decente, con sobrada experiencia, exitosa, en la gestión de dineros ajenos (pues, al fin y al cabo esa es la labor esencial de un buen gobernante), evidentemente, esto supondría una verdadera «revolución».
Estoy hablando de una revolución que nos conduzca a un régimen realmente constitucional, que siente las bases de una nación de ciudadanos libres e iguales y destierre la perpetuación de privilegios y prebendas. Estoy hablando de emprender un cambio profundo, las reformas necesarias que conduzcan a una democracia con estricta separación de poderes, en la que exista una justicia independiente. Hablo de una «revolución nacional» que devuelva a todos los españoles el orgullo de serlo. Hablo de sentar las bases de una nueva organización territorial y del Estado en general, que priorice el bienestar de los españoles como primer objetivo de la acción política, de la gestión pública. Hablo de una intervención quirúrgica de urgencia que implante en España una verdadera democracia, y que no quede el más mínimo rastro de la actual partitocracia corrupta y criminal.
Por supuesto, que nadie se asuste, hablo de una revolución nacional no-violenta, inspirada en el patriotismo.
Y, por si alguien quiera ampliar información, le recomiendo que lea lo que viene a continuación:
«El Estado autonómico: un despilfarro del 10% del PIB»
«Si nuestra organización administrativa fuera la de Francia, que ha sido históricamente nuestro modelo en todo el derecho público, particularmente en su ordenamiento territorial, ninguna de las transferencias realizadas a la CCAA se hubiera realizado. Estos serían lo ahorros.
1. Sanidad: el costo en 1990 antes de ser transferida a las CCAA era, en euros de 2015, de 33.000 millones. Hoy el coste son 67.000 millones y su calidad en la percepción de los ciudadanos ha caído tanto que todos los que pueden contratan un seguro privado (11 millones). Las causas: primero, desde que fueron transferidas han entrado legiones de enchufados creándose una burocracia gigantesca e incompetente; antes los gestores eran profesionales, hoy son nombramientos políticos a dedo para colocar amigos. Después, la pérdida de economías de escala, y las corruptelas por ignorancia o venalidad. Somos el paraíso de farmaceúticas y suministradores. Los gastos en farmacia se han doblado y ha desaparecido todo tipo de control -antes cualquier médico que superara dos desviaciones estándar tenía que justificar por qué-; hoy se hacen mil pruebas sin necesidad, lo que explica las listas de espera. El gasto no importa.
Otro problema es el absentismo, más del 8%, el cuádruple que Europa, y los sindicatos encantados porque los sustitutos son sus familiares y amigos. Los inmigrantes -somos el hazmerreir del mundo- traen a sus familiares para intervenciones o tratamientos que cuestan decenas de miles de euros. La mayoría de los médicos aboga por la recentralización. El gasto por enfermo es menor que en otros países pero solo porque sueldos y mantenimiento llevan años congelados (2). No se recuperarían los 34.000 millones de exceso de gasto. Por ejemplo, de mega hospitales fruto de la incompetencia o la corrupción como La Fe en Valencia o el nunca acabado hospital de Toledo, el mayor de Europa en una ciudad de 83.000 habitantes pagados con deuda, pesarán siempre. El ahorro sería de unos 26.000 millones.
2.Educación: Al contrario que la Sanidad, según el último estudio de la ODCE, el gasto en Educación es el tercero más alto del mundo desarrollado y el que peores resultados obtiene. Su coste se ha incrementado en 14.000 millones de euros -en euros constantes desde que fue transferida-. En la enseñanza superior, exceptuando las ingenierías y la medicina, las universidades públicas son gigantesca fábricas de parados. Hay 50 universidades públicas, 25 de las cuales sería mucho más barato cerrarlas y enviar a los alumnos a formarse en Harvard. La recentralización y el cierre de lo inviable ahorraría unos 10.000 millones. La izquierda más iletrada y demagoga no cesa de pedir más y más dinero para Sanidad y Educación; lo de mejorar la gestión ni se les pasa por la mente a estos ignorantes.
3. Duplicidades, excesos y redundancias. Las CCAA, como si fueran Estados soberanos, han replicado casi todas las instituciones del Estado: fundaciones, agencias, observatorios, entes públicos diversos, embajadas – han visto Uds embajadas de Escocia, California o Baviera?- , televisiones (1.600 mill.), el coste de los parlamentos autonómicos, más sus 1.248 diputados, no solo inútiles sino muy negativos, etc. Todo multiplicado por 17 . El despilfarro de esta orgía de gasto, 36.000 millones año. Luego, aeropuerto sin aviones, AVE sin viajeros, polideportivos sin uso, etc. Miles de millones por los que nadie responde.
4. Empresas públicas. Hay 2.425 empresas públicas autonómicas y locales, una auténtica locura inexistente en Europa, creadas esencialmente para enchufar a decenas de miles de familiares y amigos y para ocultar deuda. Rajoy prometió cerrar 1.500, no cerró ninguna, solo fusionó una docena. Sobran 8 de cada 10, un despilfarro de 10.000 millones.
5. Cupo vasco-navarro. Una reliquia de las guerras carlistas del siglo XIX sin ninguna justificación a día de hoy. Fernández Ordoñez quiso suprimirlo (fui testigo de ello). Solo el irresponsable de Suárez para que UCD no perdiera las elecciones allí las mantuvo. Si tributaran en el régimen común y el Estado financiara todo lo que ellos financian, ahora el neto para el Estado sería de 10.000 millones.
6. Ruptura de la unidad de mercado. Una de las consecuencias económicamente más destructivas del sistema autonómico ha sido la fragmentación del mercado. Cada reyezuelo/a autonómico decide sus propia normativa para producir, etiquetar, transportar, etc. Estos locos peligrosos han sacado más de 100.000 leyes autonómica para dividir España; hay decenas de miles de empleados públicos dedicados a crear, instaurar y vigilar barreras interiores y restringir la libre circulación de trabajadores, bienes y servicios. Mientras en la UE se avanza en la unidad de mercado, en España se retrocede; es para no creérselo.
No se crean las cifras del Gobierno, bancos y medios a su servicio: es una imagen totalmente fraudulenta de lo que en realidad está ocurriendo
El coste directo es fácil de estimar, eliminando las decenas de miles de personas y los recursos de todo tipo dedicados a este disparate. Unos 6.000 millones de euros anuales. Más difícil es valorar el coste de la división del mercado. Existe un Informe de 1988 –’El coste de la no-Europa’ o informe Cecchini, nombre del coordinador del mismo –que concluye que un mercado perfectamente integrado y unido incrementa el PIB en un 4,5%; la ruptura del mercado único estaría restando un crecimiento potencial de nuestra economía de unos 50.000 millones de euros.
6. Atomización y despilfarro en la Administración local. Entre 1960 y 1981 se suprimieron en España 1.300 municipios, desde entonces la cifra, en línea con la filosofía del Régimen del 78 de “¡todos al reparto del botín!”, no han parado de aumentar y hoy tenemos 8.116 municipios y 68.000 concejales. La mayoría de los países europeos han reducido drásticamente ( hasta el 80%) de sus municipios. Utilizando la cifra dada por el ministro Montoro, que estima en 5.900 los ayuntamientos ineficientes que deben cerrarse (pero que nadie toca), el ahorro ascendería a 7.129 millones de euros anuales, y eso que Montoro no ha mencionado el escándalo que supone que todos los concejales de las grandes ciudades tengan coche con chófer –España tiene más coches oficiales que los EEUU-, una desvergüenza que no ocurre en ningún país civilizado. En conjunto el ahorro mínimo posible sería de 8.000 millones.
En definitiva, sólo la recentralización de todo lo transferido llevaría a un ahorro anual del orden de los 40.000 millones de euros anuales – 36.000 millones Sanidad y Educación y 4.000 todo lo demás – y 110.000 millones la sustitución del Estado autonómico por un Estado tipo Francia. A ello hay que añadir lo que resta del crecimiento la ruptura de la unidad de mercado. Según una macro encuesta con 25.000 personas del diario ‘El Mundo’, 9 de cada 10 españoles están a favor de acabar con el Estado autonómico, y la casta política ignora totalmente el deseo de el 90% de los españoles. Y, sobre todo, no crean las cifras del Gobierno, bancos y medios a su servicio: es una imagen totalmente fraudulenta de lo que en realidad está ocurriendo, y es ya una cuestión de vida o muerte: o ellos o nosotros.«
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