Y, cuando el psicópata narcisista caiga, sea desalojado del Gobierno de España ¿Qué vendrá después?

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Un análisis exhaustivo y propuestas para la reconstrucción institucional, cultural y moral de España

---

La situación actual de España, como han señalado diversos analistas y voces críticas, no es simplemente preocupante: es preagónica. El Estado de derecho ha sido perforado como un queso gruyère, la separación de poderes es casi decorativa, y la opinión pública se encuentra amordazada por redes clientelares, chantajes emocionales y una oposición que hace tiempo se rinde antes de luchar. El proyecto autoritario de supervivencia personal de Pedro Sánchez ha demostrado no tener límites, pero, por esa misma razón, también tiene fecha de caducidad. Lo verdaderamente importante es qué haremos cuando eso ocurra. ¿Cómo reconstruiremos España?

Reconstrucción: Más que un cambio de nombres

Reconstruir no es simplemente “volver a empezar” como si nada hubiera pasado. Es partir del reconocimiento de que algo muy grave ha sucedido y que el simple cambio de nombres o de siglas de ningún modo será suficiente. Para que España sea una democracia que funcione se requiere un programa audaz de reconstrucción institucional, que no se limite a maquillar, sino que reconfigure desde la raíz.

Restaurar la separación de poderes

Es imprescindible restaurar la separación de poderes. La Fiscalía General del Estado debe dejar de ser un apéndice del Gobierno y su elección debería corresponder al Consejo General del Poder Judicial, con ratificación parlamentaria por mayoría reforzada y perfiles que aseguren independencia y profesionalidad. Lo mismo con el propio CGPJ: sus vocales no pueden ser elegidos por los partidos, sino por y entre jueces. Los decretos-ley, convertidos en arma legislativa permanente, deben volver a su condición de excepción.

Despolitización y control del Estado

La despolitización radical del aparato del Estado es imprescindible. Es necesario auditar el número de asesores, altos cargos, fundaciones paralelas y demás extensiones de la corte presidencial. Quien aspire a gobernar debe comprometerse a prohibir durante al menos diez años cualquier puerta giratoria que permita a un ministro pasar de gestionar a beneficiarse de posibles tratos de favor. Además, debe reducirse el número de ministerios, direcciones generales y estructuras clientelares que solo generan un gasto siempre creciente.

Reforma electoral y representación ciudadana

La reforma electoral es urgente. Las listas cerradas convierten al diputado en un representante del jefe de partido, no del elector. Necesitamos listas abiertas, en circunscripciones más reducidas, que devuelvan al ciudadano la posibilidad de elegir directamente a sus representantes. Hay que penalizar el transfuguismo y limitar los mandatos. Nadie debería hacer de la política una ocupación vitalicia, y menos a costa del contribuyente.

Blindaje institucional y control parlamentario

Las instituciones deben ser blindadas frente al uso partidista. El Congreso no puede seguir siendo una extensión de la voluntad del Ejecutivo. Debe ser su fiscalizador. Hace falta una reforma de su reglamento para impedir bloqueos sistemáticos, el uso cosmético de las comisiones y la instrumentalización de la Mesa. El presidente del Gobierno debería estar obligado a comparecer cuando haya indicios graves de corrupción en su entorno directo, sin posibilidad de esconderse tras ruedas de prensa sin preguntas.

El cambio cultural: la clave de la regeneración

Sin embargo, incluso el mejor programa político fracasará si no va acompañado de un cambio cultural profundo. No se trata solo de leyes, sino de mentalidades. Mientras el votante siga viendo en los partidos proveedores de favores y no gestores temporales, la democracia seguirá siendo vulnerable. La rehabilitación del civismo comienza en la educación: no en el adoctrinamiento emocional, sino en la formación en los principios constitucionales, la libertad, la responsabilidad y la legalidad.

Es necesario recuperar la libertad de expresión, hoy sustituida por dogmas impuestos desde platós, universidades y redes sociales. Hay que rescatar el debate racional y el valor de disentir, priorizando la verdad sobre la narrativa y la razón crítica sobre el sentimentalismo tribal.

El papel del ciudadano: responsabilidad y madurez

La regeneración democrática exige ciudadanos informados, críticos y exigentes. No basta con la indignación: hay que informarse, contrastar, votar con criterio y exigir cuentas. La responsabilidad individual es la condición previa de cualquier vida en libertad. La principal garantía de una nación libre no son las leyes, sino la capacidad de sus ciudadanos para apreciar y conservar esa libertad.

¿Y después de Sánchez? El reto de la alternativa

La caída de Pedro Sánchez no será suficiente si no va acompañada de un proyecto claro, articulado y valiente de reconstrucción. Surge entonces la duda sobre la capacidad del Partido Popular (PP) y de VOX para liderar esa transformación. El historial del PP revela que, en muchas cuestiones clave, ha seguido los pasos del PSOE, aunque con cierto retraso, abrazando políticas socialdemócratas y progresistas en materia de género, descentralización, educación y defensa de la vida y la familia.

El PP, desde la etapa de Aznar, impulsó políticas como la creación de los institutos de la mujer, la legislación sobre violencia de género y el traspaso de competencias educativas a las comunidades autónomas, lo que abrió la puerta al adoctrinamiento y la persecución de valores tradicionales y cristianos. En economía, sus recetas no difieren sustancialmente de las socialdemócratas, y su defensa de los valores tradicionales ha sido, en el mejor de los casos, tibia y poco efectiva.

Por tanto, la reconstrucción no puede limitarse a derogar algunas leyes del “sanchismo” ni a restaurar el statu quo anterior. Es necesario un proyecto de ruptura con las formas caciquiles y oligárquicas de gobierno, que devuelva a España la salud institucional y la homologue con las democracias más avanzadas de su entorno.

El dilema reaccionario: progreso o reacción

En este contexto, surge la disyuntiva entre progresismo y reacción. El término “reaccionario”, lejos de su connotación peyorativa, se reivindica como la actitud de quienes buscan restaurar el orden, la libertad y los valores tradicionales frente a la agenda socialdemócrata y progresista, que, según sus críticos, ha monopolizado el discurso público y restringido la libertad de expresión.

La reacción política y cultural exige líderes carismáticos capaces de movilizar a la sociedad y de articular un discurso claro y emotivo, enfrentándose a unas élites intelectuales y mediáticas alineadas con el statu quo. La política es, en última instancia, una guerra por la supervivencia de una forma de vida, una civilización y una nación.

Instituciones limpias y responsables: respuestas para una regeneración real en España

La regeneración democrática e institucional de España exige mucho más que buenas intenciones: requiere mecanismos concretos, eficaces y valientes para garantizar la rendición de cuentas, perseguir la corrupción y devolver la confianza a los ciudadanos.

¿Cómo poner en funcionamiento mecanismos efectivos para perseguir y castigar la corrupción en España?

La lucha contra la corrupción debe ser integral y sin concesiones. Para ello, es imprescindible:

• Crear una Fiscalía Anticorrupción totalmente independiente, con autonomía funcional y recursos suficientes, blindada frente a injerencias políticas.
• Auditorías externas y periódicas de todas las administraciones, con publicación obligatoria de los resultados y acceso público a los informes.
• Órganos de control con capacidad sancionadora real, que puedan suspender, inhabilitar o destituir a cualquier cargo público implicado en corrupción, incluso de forma cautelar.
• Protección efectiva a denunciantes y testigos, garantizando anonimato, seguridad y apoyo legal, para romper la ley del silencio y facilitar la colaboración ciudadana.
• Recuperación de activos: dotar a la justicia de instrumentos eficaces para localizar y devolver el patrimonio sustraído al erario público.

Estas medidas deben ir acompañadas de una colaboración estrecha con organismos internacionales y de la armonización de la normativa española con los estándares más exigentes en materia de transparencia y anticorrupción.

¿Qué aspectos debería incluir una ley de responsabilidad para funcionarios y cargos públicos?

Una auténtica ley de responsabilidad debe ser clara, estricta y aplicable a todos los niveles de la administración. Sus puntos clave serían:

• Responsabilidad personal, civil y penal por actos u omisiones que causen daño al interés público, con obligación de resarcir económicamente los perjuicios ocasionados.
• Evaluación periódica del desempeño, con consecuencias directas en la carrera profesional y la permanencia en el cargo.
• Obligación de rendición de cuentas al finalizar el mandato o la función, incluyendo la presentación de un informe detallado de gestión.
• Publicidad de los bienes y patrimonio antes, durante y después del ejercicio del cargo, para detectar enriquecimientos injustificados.
• Sanciones ejemplares: desde la suspensión temporal hasta la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, en función de la gravedad de la infracción.
• Prohibición de puertas giratorias: impedir que quienes hayan gestionado recursos públicos puedan beneficiarse de su cargo en el sector privado durante un periodo mínimo de diez años.

¿Cómo reinstaurar el juicio de residencia para mejorar la rendición de cuentas?

El juicio de residencia, figura histórica del derecho español, puede y debe ser adaptado al siglo XXI como mecanismo de control y disuasión. Su reinstauración implicaría:

• Auditoría integral obligatoria al término de cada mandato o función relevante, realizada por un órgano independiente y con participación ciudadana.
• Presentación pública de resultados: el responsable debe comparecer ante el Parlamento y la sociedad para explicar su gestión y responder a preguntas.
• Apertura automática de procedimientos sancionadores en caso de detectarse irregularidades, con consecuencias patrimoniales, administrativas o penales.
• Acceso público a los informes de residencia, para que cualquier ciudadano pueda consultar y fiscalizar la labor de sus representantes.

Este mecanismo reforzaría la cultura de la responsabilidad y serviría de ejemplo para futuros gestores públicos.

¿Qué medidas disuasorias serían más efectivas contra la corrupción en las instituciones públicas?

Para que la corrupción deje de ser una tentación, es necesario que sus costes superen con creces cualquier posible beneficio. Algunas de las medidas más efectivas serían:

• Endurecimiento de las penas: prisión efectiva, inhabilitación de por vida y pérdida de todos los derechos derivados del cargo para los condenados por corrupción.
• Confiscación inmediata de bienes obtenidos ilícitamente, tanto en España como en el extranjero.
• Divulgación pública de los casos de corrupción y de las sentencias, para reforzar el rechazo social y la ejemplaridad.
• Sanciones económicas proporcionales al daño causado, incluyendo la obligación de devolver hasta el último euro malversado.
• Vigilancia ciudadana y participación social en los procesos de control y denuncia, mediante plataformas digitales y canales de comunicación directa con las autoridades.

¿Por qué es importante fortalecer los mecanismos legales para garantizar la transparencia y responsabilidad?

Sin transparencia y responsabilidad, la democracia se convierte en una fachada vacía y las instituciones pierden legitimidad. Fortalecer los mecanismos legales es fundamental porque:

• Previene el abuso de poder y la arbitrariedad, asegurando que todos los responsables públicos actúan bajo el escrutinio de la ley y la sociedad.
• Recupera la confianza ciudadana en las instituciones, condición indispensable para la estabilidad y el progreso.
• Fomenta la cultura de la integridad y el servicio público, desincentivando la búsqueda de cargos como vía de enriquecimiento personal.
• Asegura el uso eficiente de los recursos públicos, reduciendo el despilfarro y el clientelismo.
• Protege el interés general frente a redes clientelares, mafias políticas y oligarquías que buscan perpetuarse en el poder.

Conclusión: La responsabilidad y la transparencia, bases de la nueva España

España se enfrenta a desafíos sin precedentes: recesión económica, inflación, deuda pública desbocada, inmigración ilegal, aumento de la criminalidad y una Unión Europea en crisis. La única esperanza reside en un plan de regeneración profundo, liderado por personas sabias y decentes, que expulse de las instituciones a quienes las han degradado y conduzca al país hacia un modelo político y económico homologable con las democracias más avanzadas.

No basta con celebrar la caída del narcisista. Hay que saber qué hacer con los escombros y, sobre todo, qué construir sobre ellos. La responsabilidad recae en todos: partidos, instituciones y, especialmente, ciudadanos. Solo una sociedad madura, informada y exigente podrá garantizar que la historia no vuelva a repetirse y que España recupere su libertad, su prosperidad y su dignidad.

La regeneración nacional solo será posible si se instauran mecanismos efectivos de rendición de cuentas, persecución y castigo de la corrupción, y responsabilidad real para todos los funcionarios y cargos públicos. La reinstauración del juicio de residencia, junto a una ley estricta de responsabilidad y medidas disuasorias contundentes, marcarán el camino hacia una democracia madura, transparente y digna de la confianza de sus ciudadanos. Sin estos pilares, cualquier intento de reforma será insuficiente y España seguirá condenada a repetir los errores del pasado.

La principal garantía de una nación libre no son las leyes, sino su capacidad de producir ciudadanos que aprecien y sepan conservar esa libertad. Porque la libertad, la prosperidad y la dignidad de España dependen, en última instancia, de la integridad, la responsabilidad y el coraje de todos sus ciudadanos.

About Author