La Plataforma por la España Constitucional impulsa moción de censura contra Pedro Sánchez
En un contexto de creciente preocupación por el rumbo político y constitucional de España, la Plataforma por la España Constitucional (PPLEC), integrada por más de 120 asociaciones de la sociedad civil y coordinada por figuras como Ignacio Trillo (Foro Libertad y Alternativas), Marcos de Quinto (Pie en Pared), Carlos de Palma (Iniciativa 2028 para España), Juan Sergio Redondo (DENAES), Amalio de Marichalar (De Español a Español por la Constitución) y Joaquín Villanueva, ha lanzado una iniciativa inédita para promover una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La PPLEC ha solicitado a los grupos parlamentarios del Partido Popular (PP) y Vox la cesión de un total de 35 diputados —18 de cada partido— para registrar formalmente la moción, que es el mínimo exigido por la Constitución para su admisión a trámite. Ante la negativa del PP a impulsar esta moción por falta de apoyos y la imposibilidad de Vox de hacerlo en solitario por no alcanzar el número necesario de escaños, la plataforma propone una fórmula alternativa que busca sortear las reticencias de los partidos de oposición.
Características de la moción propuesta
La moción planteada tendría un carácter constructivo pero con un único objetivo claro: la convocatoria inmediata de elecciones generales. Para ello, la plataforma propone presentar a un jurista retirado, de reconocido prestigio y sin afiliación política, como candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno. Este candidato se limitaría a leer un discurso pactado explicando los motivos de la moción, sin entrar en debates ni réplicas parlamentarias. Esta estrategia busca despolitizar la moción, evitando que el coste político recaiga sobre el PP o Vox y facilitando el apoyo de otros grupos parlamentarios que no quieran respaldar explícitamente a un candidato de esos partidos.
La plataforma insiste en que, en caso de derrota, la responsabilidad política recaería exclusivamente sobre la sociedad civil que impulsa la moción, no sobre ningún partido político. Así, se evita que la moción se convierta en un “y tú más” o en un enfrentamiento partidista, y se preserva la imagen de los partidos implicados.
Motivos y contexto de la iniciativa ciudadana
La PPLEC justifica su acción en lo que califica como “circunstancias críticas” para la política española. Denuncia la existencia de un “Gobierno y un partido socialista corruptos”, acusa al Ejecutivo de “retorcer las leyes para lograr la impunidad” y considera que las instituciones del Estado se encuentran “secuestradas”. La plataforma lamenta la falta de iniciativa de la oposición para aprovechar una herramienta constitucional como la moción de censura, especialmente ante la pretensión del presidente Sánchez de perpetuarse hasta el final de la legislatura.
En este sentido, la iniciativa representa un movimiento de la sociedad civil que busca activar los mecanismos constitucionales de control al Gobierno, en un momento de fuerte polarización política y desconfianza institucional.
Reacciones y situación actual
Por el momento, la propuesta se encuentra en fase inicial y no ha recibido respuesta pública de PP ni Vox. La Constitución española establece que una moción de censura debe contar con un candidato alternativo y con el respaldo de al menos 35 diputados para ser admitida a trámite. Ni PP ni Vox han manifestado disposición a ceder diputados para que la sociedad civil impulse el proceso parlamentario.
La plataforma hace un llamamiento a la responsabilidad de los partidos de la oposición y anima a otras formaciones a respaldar la moción, especialmente aquellas que ya han rechazado una posible moción de confianza promovida por el Ejecutivo.
Contexto más amplio: el deterioro del Estado Democrático de Derecho en España
En paralelo a esta iniciativa ciudadana, el 19 de junio de 2025 tuvo lugar en la Fundación Rafael del Pino un diálogo titulado “La situación del Estado Democrático de Derecho en España”, en el que intervinieron tres destacados juristas: Pablo de Lora, Francesc de Carreras y Andrés Betancor. Este evento sirvió para presentar el Memorial “Por la recuperación de la normalidad democrática”, un documento fruto de cuatro años de reflexión en el marco de la iniciativa “Hablemos de instituciones”.
Perfil de los ponentes
- Pablo de Lora: Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en derechos fundamentales, bioética y teoría del derecho. Reconocido por su análisis crítico sobre los límites del derecho en sociedades democráticas.
- Francesc de Carreras: Catedrático Emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, referente en constitucionalismo español, con amplia trayectoria en defensa del Estado de derecho y la democracia liberal.
- Andrés Betancor: Catedrático de Derecho Administrativo en CUNEF Universidad, experto en regulación económica y derecho público, coordinador del ciclo “Hablemos de instituciones” en la Fundación Rafael del Pino.
Diagnóstico del estado democrático y constitucional
El memorial y el diálogo pusieron sobre la mesa un diagnóstico preocupante sobre la evolución institucional y política en España, que puede resumirse en los siguientes puntos clave:
1. Democracia y deterioro institucional: partitocracia, populismo y representación rota
Los expertos coincidieron en señalar una doble amenaza para la democracia española:
- Partitocracia: El dominio excesivo de los grandes partidos ha neutralizado el pluralismo político, convirtiendo las instituciones en instrumentos de poder de las formaciones mayoritarias. Esto ha debilitado la función representativa y ha reducido el Parlamento a un mero escenario de ratificación de decisiones, perdiendo su capacidad deliberativa y de control.
- Populismo: El auge del populismo, que apela directamente al pueblo sin mediación institucional, rompe el equilibrio constitucional y erosiona el principio representativo. Esta combinación de partitocracia y populismo genera una “pinza” que amenaza la calidad democrática.
2. La ley como ariete: abuso del decreto-ley y legislación simbólica
El memorial advierte sobre el uso sistemático del decreto-ley como forma ordinaria de legislar. Francesc de Carreras destacó que entre 2019 y 2023 más del 80% de las normas con rango de ley se aprobaron por esta vía de urgencia, lo que:
- Vacía de contenido el debate parlamentario.
- Dificulta el escrutinio ciudadano.
- Convierte la ley en un instrumento ideológico y efímero.
Además, la proliferación de leyes simbólicas, con escasa operatividad jurídica, desdibuja los límites entre derecho y propaganda, afectando la calidad normativa y la confianza en las instituciones.
3. Justicia e independencia judicial: una columna en riesgo
La justicia es uno de los últimos pilares que sostienen el Estado de Derecho, pero su independencia está bajo amenaza creciente:
- Presión política sobre jueces y tribunales.
- Deslegitimación pública de resoluciones judiciales.
- Politización del Tribunal Constitucional.
Pablo de Lora subrayó que la justicia constitucional requiere una solvencia profesional e independencia incuestionables para generar confianza en el sistema democrático.
4. Libertad económica y seguridad jurídica: condiciones básicas para la prosperidad
El memorial también aborda el deterioro de dos pilares económicos fundamentales protegidos por la Constitución:
- Derecho de propiedad (artículo 33)
- Libertad de empresa (artículo 38)
Ambos derechos están amenazados por una creciente intervención pública sin base sólida en la legalidad ordinaria ni respeto a la seguridad jurídica. Pablo de Lora enfatizó que sin previsibilidad normativa ni protección efectiva del marco legal, no es posible el libre desarrollo de la personalidad ni la inversión productiva a largo plazo. El uso del derecho privado con fines de justicia distributiva, por ejemplo en materia de vivienda, compromete la coherencia del ordenamiento y genera efectos contraproducentes.
5. Una defensa activa de la normalidad democrática
El memorial suscrito por 21 juristas busca recordar que la normalidad democrática no puede darse por supuesta. Requiere:
- Instituciones confiables y transparentes.
- Reglas previsibles y estables.
- Poderes limitados y sometidos a control.
- Ciudadanía comprometida con los valores constitucionales.
Como concluyó Andrés Betancor, “la normalidad democrática es la infraestructura ética de la prosperidad”.
Problemas estructurales señalados en el memorial
El documento también denuncia problemas estructurales que afectan al sistema democrático y constitucional:
- La mercadotecnia política ha sustituido la deliberación por la imagen y la confrontación, infantilizando al ciudadano y eliminando incentivos para construir consensos duraderos.
- El Parlamento ha perdido protagonismo legislativo en favor del Ejecutivo.
- Abuso de procedimientos legislativos acelerados y leyes ómnibus.
- Elusión de informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Económico y Social.
- Cortoplacismo y uso del Parlamento como escenario teatral más que foro de deliberación.
- Exceso normativo y falta de planificación.
- Interferencias partidistas en órganos judiciales y de control.
- Deslegitimación práctica de figuras clave como el fiscal general del Estado.
- Intervención gubernamental en empresas privadas sin respeto a la legalidad.
Firmantes destacados del memorial
Entre los 21 juristas que suscriben el memorial se encuentran:
- Andrés Betancor (coordinador, Catedrático de Derecho Administrativo, CUNEF)
- Sebastián Albella Amigo (expresidente de la CNMV)
- Mª Isabel Álvarez Vélez (Profesora de Derecho Constitucional, ICADE)
- Manuel Aragón Reyes (Catedrático de Derecho Constitucional, exmagistrado del Tribunal Constitucional)
- Francesc de Carreras (Catedrático de Derecho Constitucional)
- María José de la Fuente (ex presidenta del Tribunal de Cuentas)
- Pablo de Lora (Catedrático de Filosofía del Derecho)
- Consuelo Madrigal (ex Fiscal General del Estado)
- Francisco Pérez de los Cobos (expresidente del Tribunal Constitucional)
- José Antonio Zarzalejos (periodista y exletrado)
Plataforma por la España Constitucional: más allá de la moción, un proyecto de regeneración democrática
La Plataforma por la España Constitucional (PPLEC) ha irrumpido en el debate público español no solo como promotora de una moción de censura “despolitizada” contra el presidente Pedro Sánchez, sino como un actor colectivo que articula un diagnóstico profundo sobre la crisis institucional, la erosión del Estado de Derecho y la necesidad de una regeneración democrática integral.
Origen, composición y principios fundacionales
La PPLEC se constituyó el 29 de mayo de 2024 como una iniciativa de la sociedad civil, sumando desde sus inicios a decenas de entidades, entre ellas la Fundación Sociedad Civil y la Iniciativa 2028. Actualmente, agrupa a más de 120 asociaciones y colectivos de diversa procedencia, unidos por la defensa de la Constitución, la concordia, la unidad de España y el respeto a las reglas del juego democrático.
Entre sus principios fundacionales destacan:
- Defensa de la concordia nacional y el respeto a la historia compartida.
- Reivindicación de los valores occidentales y los lazos con Europa y la Hispanidad.
- Compromiso con la igualdad ante la ley y la convivencia armónica entre los pueblos de España, según la Constitución.
- Llamamiento a la movilización cívica frente a lo que consideran una “ambición sin límites” del actual Gobierno.
Diagnóstico: “Deriva institucional sin precedentes”
En sus comunicados, la PPLEC denuncia una “deriva institucional sin precedentes” en España, acusando al Ejecutivo y al PSOE de “corrupción”, “secuestro de las instituciones” y de impulsar una “hoja de ruta basada en retorcer las leyes para lograr impunidad”. Consideran que el Gobierno ha vulnerado los principios básicos del Estado de Derecho y ha degradado los contrapesos democráticos.
La Plataforma señala, además, que el actual presidente fue investido “sin discernir la naturaleza ética ni la legitimidad constitucional de los pactos” que lo llevaron al poder, lo que consideran un ejemplo de “malabarismos para vencer sin convencer”.
Propuesta de moción de censura ciudadana y “despolitizada”
Cesión de diputados y candidato independiente
La propuesta de la PPLEC es inédita en la política española: solicita a PP y Vox la cesión de 18 diputados cada uno (sumando el 10% de la Cámara, mínimo constitucional para registrar una moción de censura). La moción sería “constructiva pero simbólica”, encabezada por un jurista retirado e independiente que solo asumiría el encargo de disolver las Cortes y convocar elecciones generales inmediatas, sin agenda de gobierno ni intervención en debates de réplica.
Despolitización y regeneración democrática
El elemento clave es la despolitización: al no postular un candidato de partido, se evita que el coste político recaiga sobre PP o Vox y se facilita el apoyo de otras fuerzas parlamentarias que rechazan respaldar a un candidato de la oposición tradicional. La moción se presenta como un gesto de regeneración democrática desde la sociedad civil, liberando a los partidos del “desgaste directo” y permitiendo que la responsabilidad recaiga exclusivamente en la PPLEC.
La Plataforma subraya que, ante la “impotencia” de la sociedad civil y el “bloqueo” de los mecanismos democráticos por cálculos partidistas, “ha llegado el momento de que la ciudadanía dé un paso al frente”.
Llamamiento a la oposición y a la ciudadanía
La PPLEC hace un llamamiento explícito a PP y Vox para que consideren la propuesta y a otras fuerzas parlamentarias para que la respalden como una herramienta de regeneración democrática, sin comprometer su posicionamiento ideológico o electoral. También anima a la movilización ciudadana, convocando manifestaciones bajo lemas como “Por la dignidad de España: Sánchez dimisión, elecciones ya”.
Acciones y movilización
La Plataforma ha organizado y participado en numerosas manifestaciones y concentraciones, como la del 26 de mayo de 2024 en Madrid y la del 10 de mayo de 2025 bajo el lema “Por la dignidad de España: Sánchez dimisión, elecciones ya”. Ha dirigido cartas abiertas a instituciones europeas y ha defendido la libertad lingüística en comunidades autónomas con cooficialidad.
En sus intervenciones públicas, representantes como Marcos de Quinto y Alejo Vidal-Quadras han insistido en la necesidad de “dar la batalla” democrática desde la sociedad civil organizada, reivindicando la voz de “decenas de miles de españoles que desean seguir siendo libres e iguales ante la Ley”.
Visión de país y horizonte constitucional
La PPLEC no se limita a la coyuntura política actual. Su proyecto es de largo alcance:
- Defensa de la Constitución de 1978 y celebración de su 50º aniversario en 2028 como símbolo de unidad, libertad e igualdad.
- Reivindicación de la concordia y el respeto a la diversidad dentro del marco constitucional.
- Llamamiento a la recuperación del Estado de Derecho y la normalidad democrática, denunciando el uso abusivo del poder ejecutivo y la degradación de las instituciones.
- Apoyo a la movilización cívica permanente como garantía de que la democracia no quede “secuestrada” por intereses partidistas.
Conclusiones
La iniciativa de la Plataforma por la España Constitucional para impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez, con un candidato independiente y la cesión de diputados de PP y Vox, se enmarca en un contexto de profunda preocupación por el deterioro del Estado Democrático de Derecho en España. Este deterioro, analizado en profundidad por destacados juristas en el memorial presentado en la Fundación Rafael del Pino, refleja una crisis institucional marcada por la partitocracia, el populismo, el abuso legislativo, la amenaza a la independencia judicial y la inseguridad jurídica.
Ambas realidades —la acción ciudadana para activar la moción de censura y el diagnóstico académico-jurídico sobre el estado de la democracia— convergen en la necesidad urgente de recuperar la normalidad democrática, entendida como el respeto a las instituciones, la previsibilidad normativa, la independencia judicial y la participación ciudadana responsable.
Solo mediante un compromiso conjunto de la sociedad civil, los partidos políticos y los poderes públicos será posible revertir la erosión institucional y garantizar un futuro de libertad, justicia y prosperidad para España.
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