La corrupción en la contratación pública en España: un cáncer sistémico que ningún gobierno quiere extirpar
CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN
La corrupción en la contratación pública en España no es un accidente ni una excepción: es un elemento estructural y sistémico, un mecanismo parasitario insertado en el corazón de la Administración que ha pervertido el sentido mismo de lo público. El reciente escándalo de las comisiones del «Caso Koldo», que salpica a los ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, no es sino un nuevo episodio de una saga interminable. Desde el caso Roldán, la trama Filesa, los ERE de Andalucía, Gürtel, Púnica, Lezo, Pujol, hasta decenas de casos regionales y locales, la corrupción afecta por igual a todos los partidos y a todos los niveles de la administración.
El espejismo legal: la ley como coartada para la corrupción
El Estado ha respondido a este deterioro con una hipertrofia normativa: leyes, reglamentos, códigos de conducta, planes antifraude y «agencias de integridad», observatorios, comisiones de investigación… que se multiplican sin cesar. Pero como advirtió el filósofo y jurista Luigi Ferrajoli, «las leyes no valen por su cantidad, sino por su eficacia». En España, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, supuestamente el escudo frente a la corrupción, se vulnera a diario con impunidad. Los controles son ficticios; las sanciones, improbables; y los denunciantes, perseguidos.
En vez de garantizar la igualdad de acceso y la eficiencia en la gestión, la contratación se ha convertido en un botín a repartir. Los pliegos se redactan «a medida» para el licitador predilecto, los plazos se manipulan, las valoraciones técnicas se ajustan con criterios «subjetivos» y, si algo falla, se desiste y se convoca de nuevo. Todo ello con la complicidad activa o pasiva de funcionarios, técnicos, juristas, interventores y cargos designados por confianza. El sistema de libre designación y destitución, la arbitrariedad en la asignación de funciones y la ausencia de consecuencias para quienes obedecen órdenes ilegales han convertido la administración pública en un feudo de intereses particulares y lealtades políticas.
Amaños: de la mesa de contratación al Consejo de Ministros
El amaño de contratos no es obra de individuos aislados, sino de un proceso colectivo con funciones bien repartidas: el político que da la orden, el técnico que diseña el pliego, el miembro de la mesa que altera las puntuaciones, el jurista que informa a favor, el órgano de control que no ve nada, mira para otro lado y se hace el Don Tancredo… y el empresario que paga comisiones. Como en toda organización mafiosa, hay una cadena de lealtades y silencios. Los funcionarios que se niegan a colaborar son relegados; los que denuncian, represaliados. La justicia, lenta y condicionada por intereses políticos, rara vez alcanza a los verdaderos responsables.
Las fórmulas para amañar contratos son múltiples: pliegos a medida, publicaciones estratégicas en periodos vacacionales (especialmente en agosto y Navidad y fin de año), plazos imposibles, valoraciones técnicas infladas, o el uso del desistimiento para volver a convocar el concurso. La connivencia entre políticos y empresas es tan habitual que muchas compañías preguntan directamente «¿cómo se gana un concurso aquí?», sabiendo que la respuesta raramente es «presentando la mejor oferta».
La obra pública y las empresas estatales: el epicentro del latrocinio
Según la Comisión Europea, el 70% de la corrupción en Europa está vinculada a la contratación pública (obviamente de obra pública y bienes y servicios), y España no es la excepción. Empresas como ADIF, INECO, RENFE, AENA o las autonómicas y locales —Canal de Isabel II, FGV, TMB— son estructuras opacas, politizadas y pródigas en irregularidades. La designación de sus cargos responde a cuotas partidistas, no a mérito ni capacidad. Las auditorías internas no detectan ni previenen. Los contratos se adjudican con criterios dudosos y los sobrecostes —del 15% al 30%, y a veces superiores, respecto al presupuesto inicial— son la norma.
El sector de la obra pública es especialmente vulnerable: directivos designados políticamente, concursos amañados, empresas creadas «ad hoc» para repartirse el botín… empresas que surgen y prosperan al calor del poder político.
La responsabilidad que nunca llega: la teoría del fusible
Cuando estalla el escándalo, se recurre a la «teoría del fusible»: se cesa a un directivo intermedio, se crea una comisión de investigación sin consecuencias, se anuncia una nueva ley y se espera a que la opinión pública se canse. Las empresas corruptas siguen contratando con la Administración porque la prohibición legal solo opera con sentencia firme, algo que puede tardar más de una década. Mientras tanto, basta con una declaración responsable de que «todo está en orden». Así, la responsabilidad política y empresarial se diluye, y el ciclo de la impunidad se perpetúa.
Clientelismo, compra de votos y deuda pública: el trípode del sistema
A esta arquitectura corrupta se suma el clientelismo político: identificados los caladeros de votos (jóvenes, migrantes, minorías, empleados públicos, sectores subvencionados), se los riega con ayudas, rentas, subvenciones, «bonos culturales» y privilegios fiscales o administrativos. La finalidad no es la justicia social, sino el control electoral. Esta estrategia exige un gasto público desbocado, que se financia con impuestos confiscatorios y un endeudamiento galopante.
En 2008, la deuda pública apenas superaba el 35% del PIB. En 2025, ya se aproxima al 110%, rozando los 2 billones de euros. Como ha advertido Daniel Lacalle, esto significa menos crecimiento, menos empleo, salarios más bajos y más impuestos. En la práctica, trabajamos seis meses al año para alimentar a una maquinaria clientelar insaciable que convierte el dinero público en botín privado.
Una administración hipertrofiada y parasitaria
El modelo autonómico ha multiplicado el gasto, los cargos, los organismos duplicados y las redes clientelares. Cada región actúa como un miniestado con su propia red de empresas, televisiones, consejos consultivos, defensores del pueblo, observatorios, fundaciones, etc. El despilfarro en infraestructuras ruinosas (aeropuertos sin aviones, AVEs sin pasajeros, polideportivos fantasmas) ha sido sistemático. Entre 1996 y 2007, se calcula que el coste del despilfarro y la corrupción superó los 150.000 millones de euros, más del 20% del PIB de algunos años.
La solución: regeneración o colapso
La acumulación de leyes no sirve si no se profesionaliza el sector público, se eliminan los nombramientos discrecionales, se protege eficazmente a los denunciantes y se exige responsabilidad civil, penal y patrimonial a los corruptos y a quienes les permiten actuar. Si España no aborda de forma urgente una reforma institucional profunda —una verdadera transición regeneradora— se verá abocada a una bancarrota controlada o a la expulsión fáctica del euro.
La intervención externa es ya una posibilidad. La alternativa sería un proceso constituyente que redefina el modelo de Estado, limite el gasto, elimine el clientelismo institucionalizado y asegure una separación real de poderes. Para ello sería imprescindible que surjan nuevos liderazgos, ajenos a los partidos tradicionales, capaces de emprender una cirugía de hierro. ¿Marcos de Quinto u otro buen gestor de reconocida eficacia y experiencia de éxito? ¿Otro Milei español? En todo caso, solo una ruptura política y cultural con el sistema actual puede evitar que España se hunda definitivamente en el pozo de la corrupción estructural.
Conclusión: profesionalización, responsabilidad y reacción social
La corrupción en la contratación pública es el síntoma de un sistema enfermo, donde la ley sirve de coartada, la impunidad es la norma y el interés general ha sido sustituido por el interés de las redes clientelares. Solo una reacción social decidida, unida a una profunda regeneración institucional y una exigencia real de responsabilidades podrá revertir este proceso. Mientras tanto, la factura de la corrupción la seguirán pagando los ciudadanos: menos servicios, más impuestos, menos oportunidades y una democracia cada vez más debilitada.
About Author
