¡Estúpido… es la corrupción, espabila ya, de una puta vez…!

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Anatomía de la metástasis política en la España contemporánea

El triste y penoso espectáculo de una España azotada por una ola de corrupción indecente no es una casualidad ni un fenómeno de carácter coyuntural. Era algo inevitable ante la expansión del Estado en todas las esferas de la política, de la sociedad y de la economía, unida a una estrategia gubernamental destinada a eliminar todos los contrapesos a su ejercicio del poder. España es un caso de libro, una expresión del viejo y conocido adagio de Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. En un contexto de esta naturaleza, las tentaciones e incentivos para usar las atribuciones gubernamentales en beneficio propio se disparan.

El Estado autonómico: la raíz del desastre

En contra del disparate histórico que supone afirmar que España es una “nación de naciones”, como hacen los separatistas y la parte más iletrada y sectaria de la izquierda, nuestra nación es la más antigua de Europa y la tercera del mundo después de Japón y China. El consenso de nuestros mejores historiadores y pensadores políticos sitúa el inicio de nuestra unidad nacional en la monarquía visigoda del siglo VI. La recuperación de la unidad nacional en el siglo XVI fue solo la reunificación de algo ya existente, reunificación que fue el motor de la Reconquista.

Explico esto para que se comprenda la enormidad del desastre que una casta política ávida de riquezas, honores y poder ha hecho caer sobre esta gran nación. El Régimen del 78 perpetró el mayor engaño a un pueblo de la historia de Europa. Se jactó de traer la democracia cuando era la única opción posible; lo que hicieron fue robarla imponiéndonos una oligarquía de partidos sin separación de poderes ni representación política, y cuya única finalidad fue: ¡todos al reparto del botín! Para ello, dividieron España en 17 trozos contrarios a la realidad histórica y geográfica de nuestra nación, donde el gasto quedó a merced de ignorantes y corruptos, donde la eficacia y la eficiencia se sustituyeron por el clientelismo y la inmoralidad, y donde, en el colmo del dislate, ni responden por el endeudamiento, ni rinden cuentas a nadie aunque la gente no relacione su experiencia personal con el despilfarro público.

Y, sin embargo, es la causa de que tengamos los mayores niveles de pobreza y exclusión social de Europa, 13,6 millones de personas; de la mayor pérdida de renta disponible (-20%) y riqueza (-40%) de las familias del mundo desarrollado; de la destrucción de la clase media (3,5 millones menos); de los mayores impuestos de nuestra historia; de que nos hayamos empobrecido respecto al resto del mundo creciendo muy por debajo de nuestro potencial; de la mayor corrupción jamás conocida; y de la gigantesca burbuja de deuda pública que se acerca peligrosamente a los dos billones de euros y una deuda exterior neta de un billón, que serán la ruina de las generaciones futuras durante los próximos 50 años.

Han destruido nuestras expectativas y nuestras esperanzas, por ello, o acabamos con el régimen del 78 y las autonomías o ellos acabarán con nosotros.

La hipertrofia administrativa: de 700.000 a 3,5 millones de empleados públicos

Un dato especialmente revelador de la hipertrofia administrativa española es la evolución del número de empleados públicos en relación con la población. En la etapa final del franquismo, España contaba con unos 700.000 funcionarios para una población de aproximadamente 30 millones de habitantes. Actualmente, el número de empleados públicos supera los 3,5 millones, mientras la población apenas ha crecido un 60%, situándose en torno a los 48 millones. Esto significa que, mientras la población ha aumentado solo un 60%, el número de funcionarios se ha quintuplicado. Esta desproporción evidencia un crecimiento desmesurado de la administración pública, que no responde a necesidades objetivas de la sociedad, sino a la lógica de expansión del aparato estatal y la multiplicación de estructuras políticas y burocráticas.

España es, con abrumadora diferencia, el país europeo con más políticos por habitante. Un reciente estudio cifra en 445.568 los políticos que tiene España (incluyendo los liberados sindicales), el doble que Italia o Francia, o que Alemania, que con el doble de habitantes tiene tres veces menos cargos políticos. Si pusiéramos en fila a todos los cargos políticos y sindicales españoles, dando 50 centímetros a cada uno, sumarían nada menos que 223 kilómetros.

El Estado autonómico: despilfarro, fragmentación y empobrecimiento estructural

España es, según los datos de la OCDE y el Banco Mundial, el país más descentralizado del mundo desarrollado en términos de gasto público: solo un 44% del gasto es centralizado, frente a más del 80% en la mayoría de los países avanzados. Esta descentralización extrema ha generado duplicidades, clientelismo, opacidad y una inflación de cargos políticos y empleados públicos sin parangón en Europa.

El coste económico del Estado autonómico

Diversos estudios cifran el sobrecoste anual del Estado autonómico en torno al 10% del PIB español. En 2025, esto supone aproximadamente 140.000 millones de euros anuales (con un PIB cercano a los 1,4 billones de euros). Solo la recentralización de las competencias transferidas a las autonomías permitiría un ahorro inmediato de al menos 40.000 millones de euros al año (36.000 millones en sanidad y educación, y 4.000 millones en otras áreas).

Sanidad: El gasto se ha disparado desde los 33.000 millones de euros (1990) a más de 80.000 millones en 2024, con una calidad percibida en caída libre, listas de espera récord y absentismo cuatro veces superior a la media europea. El ahorro potencial por recentralización se estima en 26.000 millones anuales.
Educación: El gasto se ha incrementado en más de 14.000 millones desde la descentralización, con resultados académicos mediocres y una universidad pública sobredimensionada. El cierre de universidades inviables y la gestión centralizada permitirían ahorrar unos 10.000 millones de euros.
Duplicidades y organismos innecesarios: Las CCAA han replicado casi todas las instituciones del Estado: parlamentos, defensores del pueblo, agencias, embajadas, televisiones públicas, empresas públicas (más de 2.400 solo en el ámbito autonómico y local). El coste de este entramado supera los 36.000 millones de euros anuales.
Fragmentación de la unidad de mercado: Más de 100.000 normas autonómicas dificultan la libre circulación de bienes, servicios y trabajadores, restando competitividad y crecimiento económico. El coste directo de esta fragmentación se estima en 6.000 millones de euros anuales, pero el coste de oportunidad en términos de menor crecimiento podría superar los 50.000 millones de euros al año.
Atomización municipal: España mantiene más de 8.100 municipios, la mayoría ineficientes y con estructuras políticas sobredimensionadas. La reducción y fusión de municipios permitiría ahorrar al menos 7.000 millones de euros anuales.
Cupo vasco-navarro: El régimen fiscal privilegiado de País Vasco y Navarra supone un coste neto para el Estado de unos 10.000 millones de euros anuales.

El resultado: pobreza, deuda, desigualdad, pérdida de competitividad y una economía basada en el sector público, el clientelismo y el empleo político, en detrimento de la industria, la innovación y la productividad.

La voracidad recaudatoria y el disparate energético

Mientras la deuda pública española se acerca peligrosamente a los dos billones de euros, la voracidad recaudatoria del Gobierno de Pedro Sánchez, con la complicidad de socialistas, comunistas, terroristas y separatistas, no para: se crean nuevos impuestos y se suben los ya existentes, al mismo tiempo que aumenta el despilfarro y los sobrecostes en obra pública, y contratación de bienes y servicios. Todo ello mientras los servicios esenciales cada día son más precarios, como demuestran los continuos accidentes ferroviarios y el Gran Apagón.

Al mismo tiempo, aumenta la dependencia energética de España del exterior, se cierran centrales nucleares y se instalan más y más molinillos de viento y placas solares, mientras se arrancan olivos al mismo tiempo que se importa aceite de oliva del norte de África. Un absoluto disparate de corrupción y putrefacción.

El vaciamiento institucional y la erosión del Estado de Derecho

La institucionalización de la corrupción requiere, necesariamente, el vaciamiento de los mecanismos de control y contrapeso. En nombre de una concepción iliberal de la democracia —donde la mayoría parlamentaria se arroga un poder ilimitado— se han debilitado los órganos de fiscalización, la independencia judicial y la profesionalidad de la burocracia. El Estado de Derecho en España se encuentra, hoy, en una situación precaria. Con el debilitamiento de los controles internos, sólo los jueces (algunos, no todos) y los medios de información independientes resisten como barreras frente a los excesos del ejecutivo. Sin embargo, ambos sufren un acoso constante: presiones políticas, campañas de descrédito y reformas legales destinadas a someterlos al poder político.

Sociedad civil y polarización: el blindaje de la corrupción

Uno de los aspectos más llamativos del fenómeno español es la escasa reacción social ante la corrupción sistémica. La polarización extrema distorsiona la racionalidad del votante. Los ciudadanos procesan la información de manera sesgada, justificando cualquier actuación de “los suyos” y rechazando toda crítica como un ataque del adversario. La lealtad partidista se impone sobre el juicio racional, y la corrupción se convierte en un campo de batalla simbólico más que en un problema real a resolver.

La metástasis del sanchismo: corrupción como sistema

Lejos de ser episodios aislados, los escándalos recientes —desde el caso Begoña hasta la “Banda del Peugeot”, pasando por el “Tito Berni” y la implicación de altos cargos en tramas delictivas— son la expresión de una metástasis: la corrupción ha invadido todos los órganos del cuerpo político, convirtiéndose en el modo de funcionamiento ordinario del régimen. La imputación del fiscal general del Estado, acusado de prácticas delictivas y de convertir a la Fiscalía en un escudo para los afines al poder, es paradigmática. El órgano llamado a perseguir la corrupción se convierte, así, en su principal protector.

¿Qué hacer? Recentralizar, reducir y controlar para sobrevivir

La única salida realista pasa por una recentralización radical, la reducción del aparato administrativo y la instauración de controles efectivos, junto a la exigencia de responsabilidad y la eliminación de privilegios. Esto implica:

Reducción drástica de la administración del Estado, limitando el Estado a sus funciones esenciales, eliminando organismos, competencias y estructuras duplicadas.
Desmantelamiento del Estado de las Autonomías y recentralización de competencias clave (sanidad, educación, justicia, etc.), recuperando la unidad de mercado y la eficiencia administrativa.
Un único organismo de contratación pública, transparente y centralizado.
Reducción drástica del número de municipios y sustitución de gobiernos municipales innecesarios por gestores profesionales.
Disminución del número de empleados públicos hasta niveles racionales y sostenibles.
Ley de responsabilidad y rendición de cuentas para funcionarios, cargos electos y de libre designación, con consecuencias reales y ejemplarizantes para la corrupción, la mala gestión y el abuso de poder.
Eliminación de los aforamientos (más de 250.000 aforados, récord mundial) para garantizar la igualdad ante la ley y acabar con la impunidad de la clase política y administrativa.

Conclusión: ¿Quién cogerá la sartén por el mango?

La evidencia es abrumadora: el Estado autonómico ha sido el mayor error político, económico y social de la España contemporánea. La única vía para frenar la corrupción, el despilfarro y el empobrecimiento es recuperar el Estado unitario, recentralizar competencias, reducir drásticamente el aparato administrativo, fusionar municipios, eliminar organismos y cargos políticos innecesarios, y establecer auténticos mecanismos de control y rendición de cuentas.

El coste de no hacerlo es la ruina de varias generaciones, la destrucción de la clase media y el colapso de la legitimidad democrática. O se acaba con el Estado de las Autonomías, o el Estado de las Autonomías acabará con España. ¿Quién o quiénes cogerán la sartén por el mango, el toro por los cuernos? ¿Cuándo saldrá al ruedo algún «Cincinato», algún «cirujano de hierro» capaz de devolver la dignidad, la eficiencia y la justicia a la administración pública española?

Mientras tanto, el grito, la llamada de atención sigue resonando con fuerza:
¡Estúpidos… es la corrupción!
Y mientras no se ataje el mal en su raíz, la enfermedad seguirá avanzando, amenazando con destruir los últimos restos de legitimidad y confianza en el sistema democrático español.