España, un cortijo clientelar: funcionarios a dedo, censura institucional y la lenta demolición de la capacidad y el mérito.

CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS

Hay una España que no se ve. Una España sepultada bajo nombramientos a dedo, redes de nepotismo institucionalizado, asesores sin currículo, funcionarios ideologizados, y tribunales que censuran al que denuncia. Una España que recuerda, cada vez más, al viejo régimen de la Restauración, con el turnismo, con los pucherazos… con sus caciques, sus «libres designaciones» y sus Cánovas de partido.

Y sin embargo, aquí estamos: en plena tercera década del siglo XXI, observando cómo el Estado se convierte en agencia de colocación de los partidos, con el PSOE de Pedro Sánchez liderando una maquinaria sin freno que ha pulverizado ya cualquier atisbo de neutralidad o mérito. La noticia de que una abogada, youtuber, divulgadora de nombre Begoña Gerpe, esté siendo perseguida, violentada, y se la intente sancionar simplemente por contar la verdad —esto es, que ciertos puestos se reparten a dedo y sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad— no es una anécdota. Es el síntoma de un Estado en descomposición moral e institucional…

España 2025: la gran estafa laboral de los contratos “indefinidos de usar y tirar”

Por fin lo han conseguido. España ya no tiene paro estructural. Tiene empleo estructuralmente precario. Y eso, al parecer, es motivo de fiesta en Moncloa, donde se celebra la “transformación del mercado laboral” con la misma soltura con la que un cirujano plástico presume de haber “eliminado” un tumor… simplemente tapándolo con maquillaje.

Tres años después de la reforma laboral de Yolanda Díaz –bendecida por Bruselas, aplaudida por tertulianos progresistas, y celebrada por sindicalistas domesticados a sueldo del Estado–, el relato oficial es digno de estudio psiquiátrico: más contratos indefinidos que nunca, menos paro que nunca, y un modelo laboral más robusto que nunca. Todo mentira. O, peor aún, todo técnicamente cierto, pero esencialmente falso. Bienvenidos a la neolengua laboral del siglo XXI.

Cuando el mérito molesta al régimen

Begoña Gerpe se ha limitado a exponer una obviedad: en el ámbito de la administración pública —especialmente en Educación, Sanidad y Justicia— se están consolidando prácticas de amiguismo, dedazos y manipulación de baremos. Su delito: decirlo en voz alta. ¿Resultado? Expediente sancionador, persecución, amenaza de «muerte civil».

En lugar de revisar lo que denuncia, el aparato reacciona con un automatismo inquietante: silenciar al disidente. Como en los viejos regímenes autoritarios, el problema no es la corrupción, sino quien osa señalarla.

En el mismo Estado donde un rapero puede desear la muerte de guardias civiles con total impunidad, una funcionaria que escribe «que se vulnera el principio de mérito y capacidad» es tratada como una subversiva.

¿Indefinidos? Sí. ¿Estables? Ni de broma.

El truco es tan burdo que ofende la inteligencia: en lugar de mejorar las condiciones laborales, han cambiado las etiquetas. Y como en cualquier supermercado decadente, el producto caduca igual… pero luce mejor embalado.

👉 En 2021, había unos 2 millones de contratos indefinidos al año. En 2024, ya son más de 6,5 millones. ¡Victoria!, gritan. Pero no dicen que:

Solo el 16,8% de esos contratos son indefinidos a jornada completa.
El 83,2% restante son a tiempo parcial, fijos discontinuos o temporales encubiertos.
La duración media real de los contratos indefinidos ha bajado a 44,96 días en abril de 2025, según datos del SEPE.

El nuevo contrato “indefinido” es una broma de mal gusto. Se encadena, se quema, se reinicia. Como un mechero de gas. Por eso en algunos sectores ya lo llaman el contrato cerilla: enciende rápido, dura poco y deja quemaduras.

El milagro del fijo discontinuo: parado pero invisible

Aquí está la joya de la corona de Yolanda Díaz: el contrato fijo discontinuo, el gran truco contable. Según la estadística oficial, es empleo estable. Según el sentido común, es precariedad intermitente.

En abril de 2025, había más de 800.000 fijos discontinuos sin actividad, pero no cuentan como parados.
Algunos sectores, como la hostelería o el turismo, acumulan empleados que trabajan 4 o 5 meses al año… y el resto sobreviven.

¿Dónde están el resto del año? En la economía sumergida, en el paro encubierto, o en casa de sus padres. Pero sobre el papel, España “crea empleo”.

Funcionarios vs autónomos: el país donde mandar da más que producir… Empleados públicos, sí… pero solo si son nuestros.

Mientras esto sucede en el mundo real, en la España real, hay otra España —la del BOE, los palacios ministeriales y los sindicatos subvencionados— donde las cifras sí crecen… en línea recta y sin freno.

Ya hay más empleados públicos que trabajadores autónomos.
Se han superado los 3,5 millones de funcionarios, sin contar asesores, cargos de libre designación, altos directivos, contratados por empresas públicas, ni el ejército de colocados en observatorios, consorcios, fundaciones y “chiringuitos” ideológicos.
Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, el número de funcionarios no deja de aumentar, a menudo sin ninguna lógica de eficiencia, sino con la clara intención de alimentar una red clientelar fiel al régimen.
Desde 2018, el empleo público ha aumentado en más de 500.000 personas.
El 55% del nuevo empleo neto creado en España desde 2020 es empleo público.
Y no hablamos solo de funcionarios con oposición. La legión de “puestos de libre designación”, asesores, interinos cronificados, más un sinfín de colocaciones de amigas, sobrinas y afines, ha convertido a la Administración en una selva de enchufismo. Una estructura diseñada no para servir al ciudadano, sino para blindar el poder político mediante lealtades compradas.

Los medios no afines denuncian un día sí y el siguiente también nuevas colocaciones arbitrarias, sobre todo en comunidades autónomas y ayuntamientos donde el PSOE y sus socios ejercen poder. En el mejor de los casos, se trata de premiar a militantes y familiares. En el peor, de ocupar el aparato del Estado como si fuera un botín.

España se parece cada día más a ese animal que se alimenta de sí mismo. Un leviatán estatal hipertrofiado, que exige más impuestos, más deuda y más sacrificios a los que aún producen algo, para mantener a flote un aparato clientelar que reparte sueldos, cargos y canonjías con criterios de partido, de afinidad ideológica y de servidumbre política.

El profesor Roberto Centeno lo denuncia sin ambages:

“España se dirige a una catástrofe económica y social, no solo por el volumen insoportable de gasto público improductivo, sino porque ya no se produce valor añadido en sectores clave. El país vive del endeudamiento perpetuo, de fondos europeos que se malversan, y de propaganda.”

Nepotismo, enchufismo y redes clientelares: la España de las ‘sobrinas’

Al crecimiento brutal del empleo público hay que añadir otra plaga que mina la moral de cualquier sociedad decente: el nepotismo institucionalizado.

Hijas, sobrinas, cuñados, “parejas sentimentales”, militantes reciclados, periodistas domesticados, sindicalistas premiados… toda una casta de enchufados que encuentra acomodo en cargos de confianza, asesorías inventadas y estructuras paralelas.

Solo en la administración central y organismos dependientes, hay más de 25.000 asesores y puestos de libre designación.

Nadie evalúa su productividad. Nadie les exige resultados. Solo lealtad política.

¿Quién paga todo esto? Tú. Yo. El autónomo que no puede permitirse coger vacaciones. El pequeño empresario que soporta tres inspecciones al año mientras grandes fortunas tributan en Luxemburgo.

España: ¿una economía pública al estilo nórdico? No exactamente…

A menudo se intenta justificar esta expansión del empleo público con el argumento de que “en Europa también hay muchos funcionarios”. Falso en la mayoría de los casos. Veamos el siguiente gráfico:

Empleo público, proporción respecto del empleo total (2024) en Europa:

País	% Empleo público
España	20,3%
Francia	21,4%
Alemania	10,6%
Países Bajos	12,9%
Italia	14,9%
Suecia	28,0%
Noruega	30,3%
Media UE-27	17,7%

España está muy por encima de la media de la UE, y muy lejos de modelos eficientes como Alemania o los Países Bajos. Además, carece de la transparencia, profesionalización y cultura de responsabilidad de los países escandinavos.

Como se puede observar:

España (20,3%) supera claramente la media de la UE (17,7%).
Países como Alemania (10,6%) y Países Bajos (12,9%) mantienen estructuras públicas mucho más contenidas.
Solo estados de tradición fuertemente intervencionista, como Francia (21,4%), Suecia (28%) o Noruega (30,3%), presentan cifras superiores.

España ha optado por hipertrofiar el sector público sin la eficiencia y profesionalidad características de los modelos escandinavos o centroeuropeos. La expansión de la burocracia bajo el gobierno de Sánchez no es, por tanto, una excepción europea virtuosa, sino una anomalía cada vez más insostenible.

¿Exagerado? Solo si uno vive en una burbuja ideológica

Muchos tacharán este relato de alarmista, de “exagerado”, incluso de “antipatriótico”. Como si decir la verdad fuese un crimen y no una necesidad.

Pero cada dato aquí expuesto está sustentado por fuentes oficiales, informes del SEPE, estadísticas del INE y denuncias de economistas serios, entre ellos Juan Ramón Rallo, Daniel Lacalle, Santiago Niño Becerra y, por supuesto, el ya citado Roberto Centeno. Todos coinciden en lo esencial: España no crea empleo, lo simula. No genera riqueza, la redistribuye mal. No mejora, se endeuda.

Aquí no se sigue el modelo sueco: hay cortijo andaluz.

La censura institucional: cuando el Estado se defiende de la verdad

Como explica el economista Roberto Centeno, España ha entrado en una fase de “cleptocracia institucionalizada”, donde los partidos no gobiernan: colonizan.

Y quien lo denuncia, paga.

La censura ya no se limita a Twitter o a los periódicos de papel. Se ha filtrado en la Administración, en los colegios, en los juzgados. Hoy el delito de pensamiento no lo dicta un código penal, sino un régimen de miedo: el miedo a perder el empleo, la plaza, la beca, el ascenso.

Como en las dictaduras blandas, se disimula la represión con procedimientos administrativos, pero el objetivo es el mismo: eliminar a los incómodos.

España: ¿Estado de derecho o red clientelar?

La pregunta es legítima. Si un ciudadano puede ser sancionado por decir la verdad, si los tribunales actúan como correas de transmisión del poder, si los medios comprados por subvenciones callan o manipulan, ¿qué queda de la democracia?

España es hoy un Estado de privilegios, no de derecho. Un país donde el mérito se castiga, la obediencia se premia, y el pensamiento independiente se reprime.

La Administración ha dejado de ser una herramienta de servicio público para convertirse en una trinchera ideológica. Un mecanismo diseñado para garantizar el control, domesticar a la disidencia y garantizar el acceso al presupuesto de las redes clientelares del partido.

La distopía laboral ya está aquí

La reforma laboral no ha cambiado la realidad. Ha cambiado su maquillaje. Ha consolidado un modelo dual: unos pocos con empleo blindado —en la administración o las grandes corporaciones afines—, y una mayoría de jóvenes y trabajadores del sector privado atrapados en la rueda del hámster: contratos que duran menos que una suscripción a Netflix, cotizaciones inútiles para jubilarse algún día, y un futuro hipotecado.

España es ya el país del “empleo sin trabajo”, del “paro sin parados”, del “crecimiento sin productividad”. Es la distopía laboral hecha norma. Y lo peor: mientras la mayoría lo ignora, otros lo aplauden.

Y, para recochineo, España se ha convertido en un país donde decir la verdad puede costarte el pan, y donde la libertad de expresión se castiga si no sirve al poder. Una nación en la que no se persigue, no se castiga a los corruptos sino a los valientes -al parecer algunos «temerarios»- que osan denunciar la corrupción….

Clima social y polarización política… y una enorme paradoja

Desafección y odio social: Jamás en la historia de España ni de Europa un jefe de gobierno había sido tan odiado. Pedro Sánchez no puede salir a la calle sin ser insultado, y en muchos espectáculos públicos la gente aprovecha para manifestar su rechazo. El malestar social crece a medida que se percibe el descenso del nivel de vida y el empobrecimiento generalizado.
Apoyo electoral resistente: A pesar de la “Himalaya de mentiras” y el deterioro económico, alrededor del 30% del electorado sigue dispuesto a apoyar a Pedro Sánchez y sus aliados si se convocan elecciones. Esto se explica, en parte, por el control de los medios, la manipulación institucional y la falta de alternativas creíbles para una parte del electorado.