ESPAÑA SAQUEADA, POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ. TRIGÉSIMO SÉPTIMA PARTE.- Los partidos políticos, en España, actúan como «cárteles mafiosos», se han adueñado de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y cuentan con la colaboración entusiasta de los medios de «manipulación de masas».

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN.

Urge emprender en España un plan de “educación para la decencia”. La moral pública cambiará en España si cambian los ciudadanos en sus exigencias de moralidad. La moral pública cambiará en España cuando, los españoles dejen de reelegir a los corruptos; la corrupción existe porque los ciudadanos los votan. Los partidos políticos protegen a sus miembros corruptos, lo cual -por desgracia- no parece influir en los votantes en los diversos comicios a los que son convocados.

Cuando cualquier persona oye hablar de corrupción, y especialmente la política, da por hecho de que es inmoral. Sin embargo, no todo los que es considerado socialmente inmoral es ilegal, ni viceversa.

Evidentemente, cuando alguien afirma que la corrupción, el despilfarro, el enriquecimiento abusivo -e ilegal- de quienes ostentan cargos de responsabilidad en la gestión de lo público, es profundamente inmoral, lo hace pensando en que la corrupción provoca un grave daño, un enorme perjuicio a la sociedad, es decir, a todos quienes formamos parte del conjunto de la sociedad.

Son muchos los estudios de los economistas que concluyen que la corrupción implica un enorme coste y priva a los ciudadanos de recibir prestaciones de salud, educación e infraestructuras de toda clase.

La corrupción crea grupos que se aprovechan de su posición ventajosa dentro de la burocracia del Estado, para obtener beneficios personales o grupales; y, evidentemente, son muchos los funcionarios, los empleados públicos que hacen dejación de su responsabilidad de velar por los intereses de todos los ciudadanos.

Por otro lado, las acciones u omisiones de quienes están implicados en la podredumbre de la que venimos hablando, atentan contra los valores morales más comunes, imprescindibles para que exista una sana convivencia social, tales como la honestidad, la honradez, la confianza, el respeto, etc.

Si en las convocatorias diversas, a las que recurren las administraciones públicas, quienes contratan bienes y servicios obligan a los proveedores a pagar determinadas cantidades de dinero, para, de ese modo recibir trato de favor, entonces se destruyen las relaciones de confianza que deberían existir entre los administradores y los administrados. Como consecuencia de ello, los empresarios que deseen conseguir contratos de obra pública u otros bienes y servicios con los gobernantes, se verán obligados a reservar un dinero para sobornar, de lo contrario, perderán la oportunidad de hacer negocios. El resultado lógico es que los ciudadanos desconfíen más cada día de la burocracia estatal, cuyos miembros piensan más en acrecentar su patrimonio y el de sus allegados que, en resolver las necesidades sociales.

Entre las causas de la corrupción están las “políticas sociales” del Estado socialdemócrata o Estado del bienestar que, se traducen en prestaciones sociales, subvenciones, contratos de servicios u obras, etc. en las que los políticos son los encargados de la selección de las “demandas sociales”.

Partidos políticos en México, gastos millonarios e ilegales

Otro asunto que abre la puerta a la corrupción es la capacidad que poseen los políticos gobernantes de “privatizar” algunas actividades del sector público mediante concesiones administrativas, lo cual se suele realizar de forma bastante arbitraria y caprichosa, y por supuesto “descontrolada”. Luego, también están las supuestas “descentralizaciones” de actividades, transferidas a los ayuntamientos, o a las diputaciones, o cabildos insulares o gobiernos regionales, que, aparte de provocar duplicidades, triplicidades, cuadruplicidades, etc. se llevan a cabo sin ninguna clase de control o supervisión.

Pero, sin duda alguna, lo más preocupante en este panorama de putrefacción que vengo describiendo, es la corrupción moral que está acompañada de anomía, de inmoralidad, de ausencia de moral pública que denuncie o castigue de un modo u otro a los corruptos. Sin duda es preocupante que se haya generalizado la disculpa, la insensibilidad respecto de la corrupción y los corruptos y que, nadie o apenas nadie se haga responsable de que estemos en manos de golfos, bandidos, corruptos… Desgraciadamente, entre los ciudadanos predominan los cómplices (también fraudulentos) y los conformistas que, consideran que la corrupción es un daño, un mal soportable.

Existe un enorme número de ciudadanos que no son considerados corruptos (y tampoco tienen la percepción de ser ellos corruptos), al no  tener posibilidad de obtener una ventaja en una determinada actividad criminal como hombres públicos, ya sea como funcionarios o como cargos electos, pero que sí cometen fraude habitualmente, o cuando tienen ocasión, como en el cobro ilegal de prestaciones por desempleo y subsidios, o “rentas básicas”, o becas, o por incurrir en impago a la Seguridad social, o en economía “sumergida”, trabajo y dinero negro, el “PER” (Plan de Empleo Rural), cobro indebido de la PAC (Ayudas Europeas de la Política Agraria Común) etc.

Pues sí, la moral pública debe comenzar por uno mismo; uno no puede exigir a otros un comportamiento correcto, virtuoso, si no se lo exige a sí mismo.

Por otro lado, están los conformistas que, como indicaba más arriba, consideran que la corrupción es un daño soportable; cumplen con las normas legales a la vez que prefieren “no complicarse la vida” y afirman que, “allá cada uno con su conciencia.

Estoy hablando de quienes hacen la vista gorda respecto de los comportamientos ajenos cuando son ilegales e inmorales, llegando en algunos casos a la pública alabanza del defraudador-corrupto, con una actitud de “sana envidia”, cuando no admiración, especialmente cuando se trata de defraudar a la Hacienda Pública, por ejemplo.

Generalmente, detrás de estas actitudes suele estar el miedo, pues son muchos los que, temen que les suponga algún perjuicio si toman una actitud crítica. Es por ello que procuran no implicarse y pasar desapercibidos. Aquello que decía mi abuelo de “no seas tonto y hazte el torpe”.

Evidentemente, en lo que respecta a los políticos las causas de la corrupción política residen en la falta de normas jurídicas y de instituciones de control y exigencia de responsabilidades. Es imprescindible legislar sobre la responsabilidad de funcionarios y cargos públicos, si se quiere hacer frente a la corrupción, frenar a los corruptos, disuadirlos y castigarlos. Cuando, como es el caso de España, no existen, o apenas, normas e instituciones de vigilancia del comportamiento correcto se acaba generalizando la arbitrariedad en la gestión de los dineros ajenos y bienes y servicios públicos, a la vez que se abre la puerta a la tentación para incurrir en corrupción, desde el convencimiento de que existe una general impunidad…

Tal vez a muchos les parezca exagerado el título y consideren disparatado afirmar que los partidos políticos españoles son grupos mafiosos, “cárteles”, pero, si vemos qué dicen los diccionarios al respecto, acabarán concluyendo que, el apelativo no está lejos de la realidad.

¿Qué es un “cártel”?

Un cártel es una gran organización criminal o un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales.

Si tenemos en cuenta que, la corrupción es el abuso de poder, para beneficio privado (que acaba perjudicando a toda la Sociedad) y que llevan a cabo personas con autoridad, con capacidad de influencia, ya sean cargos electos o funcionarios de alto rango – los segundos en connivencia con los primeros- para lo cual es imprescindible haber “capturado” previamente el aparato del Estado, parcialmente o casi por completo; afirmar que los partidos políticos que, dicen ser los representantes de la voluntad popular, son “cárteles mafiosos”, no es nada exagerado, sino todo lo contrario.

Por supuesto, también son muchos los partidos políticos que nacieron con “buenas intenciones” (el camino del infierno está empedrado de ellas) y acabaron siendo secuestrados, capturados, por organizaciones criminales.

La corrupción en la gestión de lo público puede asociarse a varios factores fundamentales:

  • A.- la intervención de particulares y de redes criminales que capturan al Estado, ya sea parcialmente o en su totalidad (adueñándose de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial), con el propósito de extraer rentas y de apropiarse de los recursos públicos, o de redes del crimen organizado vinculadas a particulares que, se especializan en apropiarse de forma fraudulenta de los recursos públicos,
  • B.- la presencia de “políticos de negocios” y de partidos o agrupaciones políticas que, actúan con el único objetivo de apropiarse de los recursos públicos, previamente capturados para acceder al propio Estado
  • C.- y el control de todos los resortes institucionales y de los mecanismos, pesos y contrapesos establecidos, para la prevención, la disuasión y el castigo de los actos de corrupción.

Es evidente que los actos de corrupción, de despilfarro, de malversación de fondos públicos se realizan una y otra vez, debido fundamentalmente a que, quienes los realizan, gozan de completa, o casi completa, impunidad. También es evidente que no existen, o apenas, mecanismos legales para disuadir a los corruptos, ni para sancionarlos o frenarlos de alguna manera; y cuando alguien que haya delinquido, comparece ante los tribunales, suele ser un cabeza de turco, un paripé, para simular que los gobernantes están preocupados y ocupados en luchar contra la corrupción; de todos modos, pocos son los delincuentes que suelen ser sancionados o destituidos, y para recochineo, muchos de ellos acaban siendo indultados por el Gobierno… Por otro lado, no se olvide que, la administración de justicia también está “secuestrada”, ha sido capturada por los cárteles mafiosos, de tal manera que, si algún juez o magistrado desea hacer carrera, está obligado a seguir las directrices de los capos que dirigen los diversos partidos políticos con representación en las instituciones; como resultado lógico, si algún miembro de los cárteles mafiosos (oligarcas y caciques de los partidos) acaba sentándose frente a un juez, tiene asegurado que éste no será hostil.

Es bueno resaltar, por si a alguien aún le han pasado desapercibidas, cuáles son las prácticas corruptas más frecuentes a las que recurren los partidos políticos “más representativos” y con más presencia en las diversas instituciones, sea a escala local, provincial, regional, nacional:  

  • el soborno, la aceptación de pagos para la prestación de un servicio, para acelerar un proceso, para evitar una sanción, para desviar o desvirtuar una decisión, para evitar una condena;
  • la extorsión, presionar mediante métodos ilegales pagos por parte de cargos electos o funcionarios de alto rango cercanos a los diversos partidos;
  • los acuerdos en los que el agente público y el ciudadano privado establecen un pacto recíproco en perjuicio del público, de forma que tal decisión favorece a personas particulares, a cambio de una recompensa para el agente público);
  • las alteraciones fraudulentas del mercado;
  • las alteraciones fraudulentas de las elecciones;
  • las malversaciones y fraudes;
  • la apropiación directa o indirecta de los dineros o bienes públicos;
  • la especulación financiera con fondos públicos, utilizando recursos públicos para invertir en el mercado financiero, aunque dichos recursos no se vean disminuidos;
  • la parcialidad en la aplicación de normas, administración o cualquier tipo de decisión deliberada;
  • los acuerdos-pactos realizados de forma clandestina, con el objetivo de defraudar, en concursos o convocatorias públicas para la contratación de bienes, servicios u obra pública, en las que diferentes participantes acuerdan niveles mínimos de subasta o se eluden licitaciones; y el uso de información privilegiada para tomar decisiones económicas o sociales privadas.

Como ya nos advertía Joaquín Costa en “Oligarquía y caciquismo como la forma de gobierno en España…”, hace ya más de un siglo, en la España caciquil, los oligarcas se reparten el país por áreas de influencia política. Cada oligarca disfruta de su correspondiente feudo-taifa (léase “Comunidades Autónomas”). Los oligarcas se agrupan en asociaciones o “bolsas de empleo”, llamadas partidos políticos y hacen como que deliberan en las Cortes. En España más que Cortes y partidos políticos existe una caricatura de ambas cosas. Los grupos políticos no responden más que a intereses pasajeros y provisionales personales y particulares de grupos de interés (lobbies, o grupos de presión se denominan hoy) Por lo demás, el Parlamento no representa a la Nación. Las elecciones son organizadas por los que realmente gobiernan para obtener el resultado electoral apetecido,

 Como resultado de todo ello, la política regional funciona basándose en redes y círculos de familias, allegados y clientela, y estos procuran perpetuarse y seguir obteniendo los beneficios que brinda el ejercicio del poder político. Es por ello que, resulta más beneficioso encubrir, hacer la vista gorda, mirar para otro lado, que denunciar a sus propios socios políticos (y no necesariamente “socios”), que en algunos casos son también familiares.

Los clanes políticos que se han sucedido en el gobierno, durante décadas, desde la muerte del General Franco, han manejado con criterio patrimonial la gestión de lo público, se han apropiado de los recursos públicos, han manejado la contratación de obra pública, bienes y servicios de los diversos ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares; así como a escala regional y nacional, favoreciendo a sus socios políticos y a sus allegados, se han distribuido los cargos públicos y han asumido la gestión pública como si se tratara de un asunto privado.

Pues sí, aunque los oligarcas y caciques de los diversos partidos con representación en las instituciones, proclamen lo contrario y sean muchos los españoles decentes que todavía no se han dado cuenta, o no desean ni siquiera pensarlo, los políticos españoles, organizados en cárteles mafiosos, se han adueñado del poder legislativo, del judicial y del ejecutivo -también de los medios de información, a los que habría que denominar más correctamente como “medios de manipulación de masas”-, orientan sus acciones al enriquecimiento personal, a incrementar su patrimonio, a la búsqueda de un mejor estatus, de prestigio, de ascenso y promoción social, mayores ingresos, posicionamiento personal y familiar.

Los oligarcas y caciques de los cárteles políticos, de los que vengo hablando, recurren a la apropiación indebida e ilegal de los recursos públicos, a la corrupción política y administrativa; y conciben la política como un negocio, como otro cualquiera, cuyo único objetivo es el lucro, conseguir beneficios de forma fácil, constantemente y sin parar… Como es lógico, a los gerifaltes de los cárteles políticos no les importa en absoluto que, sus cargos electos o los funcionarios de los partidos, no posean la preparación o la formación ideológica necesarias para cumplir con tareas requeridas por la administración pública. Insisto: los partidos consideran la acción política como un medio para incrementar sus propios recursos económicos.

Por supuesto, la política como negocio no entiende de lealtades ni tiene un sentido de identidad colectiva, por ello cuando lo consideran necesario, los políticos profesionales se cambian de partido, o crean una nueva facción o un nuevo partido.

Algo que, tampoco podemos olvidar, es que cuando los funcionarios públicos tienen amplios poderes discrecionales y escasa responsabilidad, incurren con frecuencia en la arbitrariedad, actuando muchos de ellos de forma corrupta.

En España alrededor del 30% de los empleados públicos de la Administración Central del Estado no son funcionarios, o sea que han accedido directamente a su puesto de trabajo en la Administración a través de otras vías que no son los tradicionales exámenes de ingreso en los Cuerpos de funcionarios, a los que está obligado el común de los mortales. La libre designación como procedimiento de contratación se ha extendido como una mancha de aceite en los últimos años, lo cual abre la puerta a la politización en nuestras administraciones públicas. Aquellos puestos de trabajo de la burocracia estatal que no son ocupados por funcionarios de carrera, y no han pasado por una oposición, teniendo en cuenta la capacidad y el mérito, las posibilidades de politización y de corrupción son mayores. Los funcionarios públicos pueden sentir la tentación de utilizar sus poderes con fines personales, y acabar prevaricando y aceptando sobornos; por supuesto, son muchos los ciudadanos que están dispuestos a hacer pagos ilegales para conseguir lo que quieren del Gobierno.

Evidentemente, un factor importantísimo que condiciona la corrupción, es la probabilidad de ser descubierto y sancionado, tanto por parte de la persona que soborna como por parte del funcionario sobornado, o cargo electo, que se deja sobornar.

También son muchos los que actúan desde el convencimiento de que, muchos jueces y fiscales, y funcionarios judiciales, están corrompidos (y desgraciadamente, no se equivocan).

Sin duda alguna, la creación de instrumentos de control y el fortalecimiento de los ya existentes, es una estrategia sustancial para combatir la corrupción.

Otras medidas necesarias son la reforma de la Administración Pública eliminando el clientelismo político en la contratación y en los ascensos, la reducción de las oportunidades de corrupción, aumentando la competencia y reduciendo la arbitrariedad de los funcionarios y la puesta en marcha de un sistema riguroso de rendición de cuentas, reforzando los mecanismos de supervisión y sanción, recurriendo no solamente al derecho penal, sino también a la supervisión por parte de instituciones oficiales y de los ciudadanos.

La sociedad civil puede ser un freno al abuso arbitrario de la autoridad (funcionarios y cargos electos), siempre que tengan capacidad de organizarse y posibilidad de acceder a información acerca de lo que está sucediendo. Para ello, los gobiernos deben estar obligados a publicar los presupuestos reales, los datos sobre recaudación de impuestos, etc. pero, de poco valdrá toda esa información si no existen mecanismos que permitan utilizarla para influir en la conducta del Gobierno.

En las Ciencias Políticas se utiliza últimamente el vocablo inglés Accountability, para nombrar el proceso a través del cual, todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos, por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización, para evitar el abuso de poder. También implica la posibilidad de castigar a los individuos responsables de conductas delictivas, a través de órganos o tribunales especializados del gobierno, el voto de la ciudadanía y la opinión pública.

La transparencia, la rendición de cuentas, la exigencia desde la sociedad y las agencias gubernamentales y no gubernamentales de controles y las sanciones a quienes infrinjan las normas, los procedimientos y las leyes son elementos en los que se basa el mencionado concepto. Se trata de fortalecer los contrapoderes, los órganos de vigilancia y control interinstitucional, a la vez que fortalecer el papel de la sociedad en su capacidad de incidir de forma directa e indirecta en la gestión de lo público, de inspeccionar-supervisar, exigir, controlar a los gobernantes y a los empleados públicos.

ALGUNAS ACCIONES NECESARIAS PARA FRENAR LA CORRUPCIÓN Y DISUADIR Y CASTIGAR A LOS CORRUPTOS:

  • Implantar en España una estricta separación de poderes que, en estos momentos en inexistente. De manera que, no interfieran unos poderes en los otros; si, tal como ocurre en la actualidad, el poder judicial está controlado por los partidos políticos, la corrupción, que es cosa de políticos y gestores públicos, seguirá aumentando. El Consejo General del Poder Judicial (Gobierno de los Jueces) está repartido entre los partidos políticos con representación en el Parlamento, mediante “cuotas”, de manera que, si alguna vez, alguno de sus dirigentes, se viera obligado a acudir a un tribunal, siempre o casi siempre tendrá la garantía de que no tendrá que enfrentarse a jueces hostiles.
  • Si existe algo especialmente escandaloso es el control de la Fiscalía por parte del poder ejecutivo. Institución jerarquizada, al frente de la cual está el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno. Esta institución tiene encomendada la vigilancia del respeto al derecho y a las instituciones constitucionales, el ejercicio de acciones penales y civiles, la independencia de los tribunales, las garantías de los derechos de las personas, la intervención en toda clase de procesos y la defensa de los intereses públicos y sociales, entre otras importantes funciones. Son funciones tan relevantes que, cuando se afirma que la Fiscalía goza de independencia y autonomía se está produciendo una burla cruel a los ciudadanos. Evidentemente, si se pretende frenar la corrupción, disuadir y castigar a los corruptos, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como la Fiscalía General del Estado, no deben estar controlados por los partidos políticos, y es imprescindible que su elección se lleve a cabo de manera radicalmente diferente a los procedimientos actuales.
  • Lo mismo podemos decir de instituciones como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, o del Tribunal Constitucional que, como se ha vivido recientemente en España, también están controlados por los partidos políticos con representación en el Parlamento, que se reparten a sus integrantes mediante sistemas de “cuotas”, frente a la capacidad y el mérito…
  • Otro asunto que no podemos olvidar son las inmensas cantidades de dinero que reciben los partidos políticos con representación en las diversas instituciones, valga como muestra el Decreto de febrero de 2021, del Consejo de Ministros del Gobierno de España, mediante el cual se aprobó el reparto de 52.704.140 euros, de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, para subvencionar a los partidos políticos con representación parlamentaria “para atender a sus gastos de funcionamiento”. En España existe una ley orgánica de 2007 que regula la financiación de los partidos, y los dineros -de nuestros impuestos- con los que se les riega generosamente, de manera espléndida. Los partidos son “premiados” en función del resultado obtenido en las elecciones al Congreso de los Diputados. Para determinar la distribución de las subvenciones se tiene en cuenta tanto el número de escaños como el de votos obtenidos por cada agrupación política. Es importante señalar que los partidos políticos con representación en las instituciones se financian en más del 80% con dinero público. Por supuesto, además de lo anterior, todos los partidos políticos reciben dinero público por múltiples vías, por el simple hecho de tener representación en ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos insulares, parlamentos regionales, y un largo etc. Tampoco hay que olvidar que, son muchas las empresas vinculadas a los partidos que, a través de supuestos concursos públicos o adjudicaciones directas, realizan -supuestamente- trabajos para la administración (municipal, provincial, regional, nacional…) en la que esos partidos tienen responsabilidad de gobierno; las facturas acaban siendo infladas, respecto al precio inicial previsto, y la diferencia acaba yendo a determinadas empresas que, realizan facturas falsas y mediante procedimientos turbios acaban haciendo llegar el dinero a los partidos amigos… Por supuesto, la única forma de acabar con todo ello es suprimir las subvenciones diversas a los partidos políticos (y a sus oenegés, fundaciones, sindicatos y demás chiringuitos de los que se valen para “extraer” dineros de nuestros impuestos).
  • Por otro lado, es imprescindible eliminar la posibilidad de que los gobiernos concedan indultos a personas condenadas por corrupción. Quienes estén tentados de corromperse deben saber que no van a tener ninguna posibilidad futura de ser perdonados e indultados.
  • Hay que reducir el número de aforados a su mínima expresión (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), y disminuir también, las situaciones de aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el ejercicio del cargo público.
  • Para hacer frente al clientelismo político, es urgente disminuir el número de cargos de libre designación, y que sean ocupados por empleados públicos, mediante algún procedimiento de concurso-oposición.
  • Es, también, inaplazable la aprobación de una Ley de protección a los denunciantes, de manera que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando sepan de hechos delictivos, y deseen presentar denuncias por corrupción.
  • Regulación de los Lobbies: Es necesario que se legisle sobre los lobbies, se les exija transparencia, y se creen Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y asambleas parlamentarias.
  • También es necesario el cumplimiento de la normativa legal sobre publicidad de contratos de obras y compra de bienes y servicios, por parta de las diversas administraciones. También es imprescindible reformar la actual ley de «régimen local” para que los alcaldes y concejales dejen de tener la enorme capacidad de decisión que poseen en la actualidad, y particularmente lo que respecta a intervenir en el mercado inmobiliario, recalificando terrenos, aprovechando ellos y sus allegados y testaferros la información privilegiada que les da el ser alcaldes y concejales; e igualmente, es necesario desposeer a las corporaciones locales de su capacidad de contratar bienes y servicios con la arbitrariedad que actualmente lo hacen, evitando por todos los medios que favorezcan a empresarios amigos, e incluso creen empresas ad hoc, en la idea de que los ayuntamientos son su cortijo particular y que lo de menos es el interés de los administrados.

Retomando el vocablo inglés Accountability, el proceso a través del cual, todos los ciudadanos vigilan y evalúan el actuar responsable de los servidores públicos, por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización, para evitar el abuso de poder. Lo que algunos llaman ampulosamente “La Nueva Gestión Pública” no tiene nada de nuevo, todo ello estaba ya previsto en el derecho castellano e incluido en “Las Siete Partidas”, el conjunto de las leyes de Castilla redactado durante el reinado de Alfonso X (1221-1284), con el objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica del reino; y me refiero a los denominados JUICIOS DE RESIDENCIA, institución que se hizo extensiva al resto de España a lo largo del tiempo y que, incluso se implantó en las provincias americanas y el resto del imperio, perdurando hasta el siglo XIX.

Aunque ya he hablado de los JUICIOS DE RESIDENCIA, en múltiples ocasiones, no está de más volverlo a hacer, pues, salvo que alguien invente algo nuevo, fueron durante siglos el mejor instrumento para combatir la corrupción, frenarla y disuadir y sancionar a los corruptos:

El Juicio de Residencia era un procedimiento judicial mediante el cual funcionarios de cierto rango (Virreyes, Presidentes de Audiencia, alcaldes y alguaciles) eran juzgados por su actuación en sus funciones de gobierno, tratando de ese modo de minimizar y evitar posibles abusos y corruptelas en el uso de su poder. Dicho proceso se realizaba al finalizar su mandato, al acabar el ejercicio de su cargo y era ejecutado normalmente por la persona que le iba a sustituir.

En el “Juicio de Residencia” se analizaba detenidamente con pruebas documentales y entrevistas a testigos el grado de cumplimiento de las órdenes reales y su labor al frente del gobierno. La investigación y la labor de recabar pruebas e información las realizaba un juez elegido por el rey en el mismo lugar encargado de reunir todos los documentos y de realizar las entrevistas.

La “residencia”, que es como acabó llamándose para abreviar, era todo un evento público que se pregonaba a los cuatro vientos para que toda la comunidad participase y tuviese conocimiento del mismo. Estaba compuesto por dos fases: una secreta y otra pública. En la fase secreta el juez interrogaba de forma confidencial a gran número de testigos para que declararan sobre la conducta y actuación de los funcionarios juzgados, y examinaba también los documentos de gobierno. Con toda esta información el magistrado redactaba los posibles cargos contra los residenciados. En la segunda fase, la pública, los vecinos interesados eran libres de presentar todo tipo de querellas y demandas contra los funcionarios y estos debían proceder a defenderse de todos los cargos que se hubiesen presentado en ambas fases del proceso.

Posteriormente, el juez redactaba la sentencia, dictaba las penas y las costas y toda la documentación del proceso era remitida al Consejo de Indias, o a la Audiencia correspondiente para su aprobación. Las penas a los que se castigaba a los enjuiciados eran multas económicas que llevaban aparejadas la inhabilitación temporal o perpetua en el ejercicio de cargo público.

Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812. Es muy sorprendente que fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos políticos de los gobernantes.

Por supuesto, además de reinstaurar los Juicios de Residencia, es urgente legislar acerca de la responsabilidad de los funcionarios y de los cargos electos en las diversas administraciones, por aquello de “más vale prevenir que curar”.

El primer paso debería ser crear normas que impidan la corrupción y disuadan a los que estén tentados de corromperse; lo siguiente sería aprobar leyes para castigar a los corruptos, pues, la experiencia demuestra que los humanos en general, tienden a las malas costumbres, y que es conveniente frenar cuanto antes, sin dilación ni aplazamientos las conductas no virtuosas, de forma ajustada a derecho.

EN ESPAÑA MÁS DEL 70% DE LA OBRA PÚBLICA SUELE TENER «SOBRECOSTES» CERCANOS AL 20% RESPECTO DEL GASTO PREVISTO… LLEVAMOS DÉCADAS EN LAS QUE, LOS RECURSOS DEDICADOS A «DESPILFARRO» HAN SUPUESTO MÁS DEL 20% DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO, PIB.

Vean a continuación un ejemplo típico de despifarro y de sobrecostes:

El puente de Talavera de la Reina que,… no lleva a ninguna parte.

Hace ya más de diez años, UNA DÉCADA que, se construyó  el puente de Talavera de la Reina sobre el río Tajo… y todavía sigue sin conducir a ninguna parte.

  • El Puente de Castilla-La Mancha (ese es su nombre «oficial») en Talavera de la Reina, costó casi 75 millones de euros
  • Tuvo un sobrecoste del 28% y desde que se terminó, hace una década, apenas tiene tráfico
  • Se hizo el puente, pero nunca se construyó la vía de circunvalación de la ciudad, con la cual se suponía que debía conectar el viaducto…

Después de diez años, DIEZ, La Junta de Castilla-La Mancha apruebó, el día 29 de octubre de 2021, las expropiaciones necesarias para construir un vial de 1,5 km a razón de un millón de euros por kilómetro para dar continuidad al Puente de Talavera de la Reina, sobre el Río Tajo. El proyecto de construcción de la continuación de la circunvalación sur cuenta con un presupuesto de licitación de cerca de 1,5 millones de euros.

Cuando la Administración socialista de Castilla-La Mancha, presidida por José María Barreda (sucesor de José Bono) pretendió imitar a los californianos y  construir su “Golden Gate” en Talavera de la Reina. El Golden Gate (Puerta Dorada en español) es un estrecho situado en la California Occidental, que separa la bahía de San Francisco, del Océano Pacífico. Tiene 7,9 km de largo. Técnicamente, la puerta está definida por los farallones de la península de San Francisco y la península de Marín, mientras que el «estrecho» es el agua que fluye en el medio.

El famoso puente de Golden Gate, con un ancho de 28 m y 2,7 km de longitud, desde 1937 cruza el estrecho para unir San Francisco, al sur, con el condado de Marin, al norte.

El gobierno socialista de Castilla-la Mancha fue un poco más modesto en sus pretensiones… pero, una vez inaugurado el puente se dieron cuenta de que todo había sido un calentón priápico (priapismo: erección continua y dolorosa del miembro viril, sin apetito venéreo).

Los gobernantes de la Taifa de Castilla-la Mancha se acabaron percatando, pues al parecer les había pasado desapercibido, de que al otro lado del puente sólo había una vía pecuaria y poco más, y de que apenas había tránsito de vehículos. Y además, para más INRI, también se dieron cuenta de que no estaba hecha la carretera de circunvalación con la que supuestamente tendría que conectarse el viaducto…

Ocurrencias como ésta tienen un precio. En este caso: un gasto de 73.469.918,76 euros de dinero público, o sea, de dinero de los contribuyentes.

Al parecer, también, los previsores gobernantes socialistas de Castilla-la Mancha tuvieron otro lapsus: no pensaron en que la conservación y en el mantenimiento del “puente priápico a ninguna parte” también cuesta dinero, el ingenioso invento es tan caro que el municipio de Talavera de la Reina no se lo puede permitir.

El Puente de Castilla-La Mancha -ése es su nombre oficial- no sólo es el segundo puente atirantado más alto de Europa, sino que es el más alto de España, el más inaudito, el más hiperbólico, como si hubiera salido de la mente de un escritor de ciencia ficción. El puente atirantado, se sostiene mediante un pilono central de 192 metros de altura. Del pilono salen en total 152 cables de los que el más largo mide 400 m y todos en total suman 33 km, habiendo batido récords en España. Es el puente con el vano volado sin apoyo con más luz de todo el territorio español, 318 metros en total.

Debido a su altura, para su construcción se necesitó usar la grúa más alta de España.

Su coste final fue cercano a los 74 millones de euros. En su construcción se emplearon 72 000 m³ de hormigón y 10.000 toneladas de acero.

Cuando se iba a abrir al público, se soltó una tiranta, pegó un trallazo y rompió unas farolas. Si será la cosa desproporcionada que durante los cuatro años de construcción del «monstruo» había jornadas en las que a los obreros que estaban trabajando arriba les nevaba y a los que estaban faenando abajo les llovía… los sobrecostes alcanzaron un 28%, dicen los datos oficiales de la Dirección General de Carreteras de Castilla-La Mancha.

Y… he aquí la enorme utilidad del ingenioso invento, homenaje al “dios grecorromano Príapo”: como mucho pasa un coche cada minuto, hacia ninguna parte.

Claro que algunos se consuelan pensando que hay lugares de España que poseen aeropuertos… en los que no aterrizan aviones.

Según parece, los mandatarios de la Taifa de Castilla-la Mancha tampoco pensaron que con los 74 millones que costó el homenaje al dios Príapo habría habido suficiente para el mantenimiento integral de la ciudad durante muchos años, o para hacer suelo industrial que generara riqueza… u otras muchas más cosas…

Inevitablemente me viene a la memoria el libro “La economía en una lección” de Henry Hazlitt, en él autor afirma que no existe en el mundo actual creencia más arraigada y contagiosa que la provocada por las inversiones estatales. Surge por doquier, como la panacea de nuestras congojas económicas. ¿Se halla parcialmente estancada la industria privada? Todo puede normalizarse mediante la inversión estatal. ¿Existe paro? Sin duda alguna, ha sido provocado por el «insuficiente poder adquisitivo de los particulares». El remedio es fácil. Basta que el Gobierno gaste lo necesario para superar la «deficiencia».

Nuestros sabios gobernantes suelen olvidar que todo lo que obtenemos, aparte de los dones gratuitos con que nos obsequia la naturaleza, ha de ser pagado de una u otra manera. Sin embargo, el mundo está lleno de seudoeconomistas cargados de proyectos para conseguir algo por nada. Aseguran que el Gobierno puede gastar y gastar sin acudir a la imposición fiscal; que puede acumular deudas que jamás saldará puesto que «nos las debemos a nosotros mismos..

Tan magníficos y plácidos sueños conducen siempre a la bancarrota nacional o a una desenfrenada inflación, y por supuesto, aplazar el vencimiento de la deuda sólo sirve para agravar el problema, y más todavía: la propia inflación no es más que una manera particularmente viciosa de tributar.

Aunque sea de Perogrullo, es imprescindible recordar que cada euro que el Gobierno gasta (sea local, provincial, regional o nacional) procede inexcusablemente de un euro obtenido a través del impuesto. Cuando consideramos la cuestión de esta manera, los supuestos milagros de las inversiones estatales aparecen a una luz muy distinta. Una cierta cantidad de gasto público es indispensable para cumplir las funciones esenciales del Gobierno. Cierto número de obras públicas —calles, carreteras, puentes y túneles, arsenales y astilleros, edificios para los cuerpos legislativos, la policía y los bomberos— son necesarias para atender los servicios públicos indispensables. Evidentemente no es mi intención cuestionar tales obras públicas, mi intención es otra: hablar de las obras públicas que se emprenden con la intención –dicen sus promotores- para proporcionar trabajo, crear empleo. Cuando el facilitar empleo se convierte en finalidad, para los gobernantes la necesidad pasa a ser una cuestión secundaria.

Por ejemplo, retomando el puente de Talavera de la Reina, los burócratas no pensaron en si había o no necesidad de construir un puente, sino en dónde podían construir un puente, fuera o no útil y necesario, y por supuesto, si alguien osa criticar la construcción se le colgará de inmediato el sambenito de obstruccionista, contrario al progreso y reaccionario, o epítetos por el estilo.

Uno de los socorridos pretextos a los que los burócratas y sus jefes, oligarcas y caciques suelen recurrir es a que la construcción del puente facilitará, pongo por caso, 500 jornales diarios (pongan ustedes la cifra que más les plazca) durante cada año que dure la construcción del puente, dándose a entender que tales jornales no hubiesen de otro modo existido.

Es cierto que un grupo determinado de obreros será contratado, encontrará empleo. Pero no se puede olvidar que la obra ha de ser costeada con dinero recaudado mediante los impuestos. Por cada euro gastado en el puente habrá un euro menos en el bolsillo de los contribuyentes. Si el puente, como el del que venimos ocupándonos cuesta 74 millones de euros, los contribuyentes habrán de abonar 74 millones de euros y se tendrán que privar de un dinero que de otro modo hubiesen empleado en las cosas que más necesitaban.

En su consecuencia, por cada jornal público creado con motivo de la construcción del puente, un jornal privado ha sido destruido en otra parte. Podemos ver a los hombres ocupados en la construcción del puente podemos observarles en el trabajo. El argumento del empleo usado por los inversores oficiales resulta así tangible y sin duda convencerá a la mayoría. Ahora bien, existen otras cosas que no vemos porque desgraciadamente se ha impedido que lleguen a existir. Son las realizaciones malogradas como consecuencia de los 74 millones de euros arrebatados a los contribuyentes. En el mejor de los casos, el proyecto de puente habrá provocado una desviación de actividades. Más constructores de puentes y menos trabajadores en la industria del automóvil, obreros textiles o actividades agrícolas, o ganaderas, o en la hostelería y el comercio…

Bien, pasemos a cuando el puente está terminado, inaugurado (cuestión fundamental para los gobernantes) y abierto al tránsito de vehículos. Supongamos que se trata de un fastuoso puente y no de una obra antiestética, un homenaje al dios Príapo, surgido merced al poder mágico de los inversores de la Taifa regional. ¿Qué habría sido de él si obstruccionistas y reaccionarios se hubiesen salido con la suya? No habría existido tal puente y los gerifaltes locales y regionales hubieran dicho que la taifa el país hubiera seguido siendo un lugar atrasado, pobre…

Los jerarcas siempre disponen de la dialéctica más eficaz para convencer a quienes no ven más allá del alcance de sus ojos, y los convencerán de que el puente, aunque no conduzca a ninguna parte era una idea magnífica… y lo harán a la manera de un ilusionista para evitar que los contribuyentes cierren los ojos ante las posibilidades que se han malogrado con ese gasto innecesario. Harán todo lo que esté a su alcance para que no contemplen, no imaginen las casas que no se construyeron, los automóviles y electrodomésticos que no se fabricaron, las prendas de vestir que no se confeccionaron e incluso quizá los productos del campo que ni se vendieron ni llegaron a ser sembrados.

Para ver tales cosas increadas se requiere un tipo de imaginación que pocas personas poseen. Acaso podamos pensar una vez en tales objetos inexistentes, pero no cabe tenerlos siempre presentes, como ocurre con el puente que a diario cruzamos. Lo ocurrido ha sido, sencillamente, que se ha creado una cosa a expensas de otras.

Permítanme, siguiendo las ideas que Henry Hazlitt expone en su libro “La economía en una lección” que haga una última reflexión: Si los impuestos obtenidos de los ciudadanos y empresas son invertidos en un lugar geográfico concreto, ¿qué tiene de sorprendente ni de milagroso que dicho lugar disfrute una mayor riqueza en comparación con el resto del país? No es lícito olvidar en tal supuesto que otras regiones serán por ello relativamente más pobres. De tal suerte que lo que el capital privado no era capaz de construir lo ha sido, de hecho, por el capital privado; por aquel capital extraído mediante la recaudación fiscal, o si se ha conseguido mediante préstamos, habrá de ser finalmente amortizado con cargo a nuevos impuestos que también en su día soportará el contribuyente.

Son multitud los descabellados proyectos que constantemente promueven los gobernantes persiguiendo como principal finalidad, teniendo como noble objetivo «proporcionar empleos» y «dar trabajo», aunque la utilidad práctica del proyecto sea algo más que dudosa.

Por otro lado, cuanto más esperpéntica, disparatada y ruinosa sea la obra pública, más elevado será el coste de la mano de obra invertido, mejor cumplirá el propósito de proporcionar mayor empleo. En tales circunstancias, es poco probable que los proyectos madurados por los burócratas proporcionen la misma suma de riqueza y el mismo bienestar por euro gastado que los que proporcionarían los propios contribuyentes si, en lugar de verse robados y obligados a entregar parte de sus ingresos al Estado, los invirtieran conforme a sus deseos y en lo que a ellos les pareciera más interesante.

Pero, siempre habrá alguien que nos consuele diciendo aquello de que “hay lugares de España que poseen aeropuertos… en los que no aterrizan aviones.”

Aunque haya quienes afirmen que, toda la corrupción es un despilfarro y que, no todo despilfarro es una forma de corrupción, lo que sí es evidente es que, en España los partidos políticos con presencia en las instituciones se han convertido en «cárteles del crimen organizado», entendiendo como «cártel» una organización criminal que, establece entre sus miembros acuerdos de autoprotección, de colaboración y de reparto de territorios, para realizar sus activades delictivas. Los procedimientos «extractivos» y de «captura» de organismos públicos, cada día que pasa es más sofisticado, y por ese procedimiento, una minoría privilegiada se dedica a saquear a la sociedad española, de manera sistemática, organizada con premeditación y alevosía.

Sólamente en la década que va de 1996 a 2007, el despilfarro en España fue de más dell 20% del Producto Interior Bruto, superando los CIENTO CINCUENTA MIL MILLONES de euros, según los calculos de los estudiosos de la corrupción y el despilfarro en España.

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En España, el despilfarro de recursos públicos se lleva a cabo con la contratación de obra pública, y bienes y servicios diversos por parte de los diversos ministerios del Gobierno de España, muchos de ellos cofinanciados con fondos de la Unión Europea; multitud de inversiones en instalaciones y equipamientos que, posteriormente son infrautilizados o carecen de utilidad. Estamos hablando de inversiones en ferrocarriles, autopistas-autovías, puertos, aeropuertos, desaladoras. A todo ello hay que sumar las infraestructuras fallidas, emprendidas por los diecisite gobiernos regionales, las diputaciones provinciales, los cabildos insulares, y los ayuntamientos.

Otra forma de despilfarro son los sobrecostes ocasionados por la «asunción de deuda contraída» por las diversas adminsitraciones, para afrontar determinados gastos públicos, y de las que más tarde o más temprano habrá que afrontar el pago.

A todo lo anterior hay que añadir los gastos -enésimos- emprendidos en equipamientos e instalaciones con fines culturales, científicos, parques temáticos, e inversiones para organizar y acoger grandes eventos: juegos olímpicos, exposiciones universales… Y, por supuesto, también hay que sumar la construcción de centros de enseñanza (de todos los niveles) y centros de salud y hospitales públicos… Más del 70% de la obra pública tiene sobrecostes, según reconocen las autoridades. Y, para más INRI, al final se acaba comprobando que algunas inversiones hayan sido concebidas sobre todo para favorecer a determinadas empresas constructoras.

Indudablemente, estamos hablando de un extraordinario volumen de recursos públicos que, de haberse utilizado de acuerdo con otros criterios, prioridades y finalidad, además de haber contribuido a mejorar en algunos de nuestros mayores déficit, tales como la calidad institucional, la deficiente gobernanza territorial y los bajos niveles de eficiencia y rentabilidad social de muchas inversiones públicas, hoy nos permitiría afrontar los grandes desafíos que nos aguardan en el futuro, mucho mejor equipados.

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