España: apagones, dependencia y saqueo fiscal: autodestrucción programada, con alevosía y premeditación…
CAROLUS AURELIUS CALIDUS UNIONIS
Una oscuridad provocada
Los recientes apagones que han dejado a España y Portugal a oscuras son el síntoma más tangible de una crisis energética provocada. No se trata de un fallo técnico aislado ni de una tormenta imprevisible; es la consecuencia lógica de una política ideológica que sacrifica la fiabilidad, la soberanía y el bienestar de los ciudadanos en el altar de la propaganda “verde”. Un modelo que no solo dinamita la infraestructura energética, sino que apunta directamente a la desindustrialización, la dependencia exterior y el saqueo fiscal.
El gobierno social-comunista de España, lejos de reconocer su responsabilidad, se escuda en la ambigüedad: “las causas aún no están claras”. Lo que sí está claro es su falta de transparencia, su constante recurrir a discursos vacíos por encima de cualquier planificación técnica, y su obsesión por destruir lo que funciona mientras improvisa con lo que aún no existe.
Transición energética: la demolición de la autonomía
España, como el resto de Europa, abrazó el objetivo del net zero sin medir los costes reales. En lugar de modernizar infraestructuras fiables, se ha optado por dinamitarlas con fines propagandísticos.
El cierre y la posterior demolición de la central térmica de Andorra (Teruel) en 2022 simboliza esta política suicida. Una planta de 1,1 GW que generó 224.000 GWh durante su vida útil —el equivalente al consumo anual de toda la Península Ibérica— quedaba reducida a escombros para dar paso a un prometido “centro híbrido” de renovables que, en la actualidad, no es capaz de cubrir ni remotamente la carga base que garantizaba la antigua central.
Mientras se arrasa con infraestructuras propias, se externaliza la soberanía energética:
- El gobierno mantiene su plan de cerrar todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035, pese a que la nuclear sigue aportando un 20% de la electricidad nacional y es imprescindible para garantizar la estabilidad de la red.
- Al mismo tiempo, España importa electricidad de origen nuclear francesa, el país que, con 56 reactores operativos, abastece gran parte del sistema energético europeo.
- Se demoniza la energía nuclear con la excusa mendaz de la dependencia del uranio, ignorando deliberadamente que España tiene reservas de uranio identificadas de más de 30.000 toneladas, habiendo sido uno de los principales productores europeos hasta que se prohibió por motivos estrictamente ideológicos.
- Se incrementa la importación de gas natural desde Argelia (y otros países con regímenes autocráticos), consolidando la vulnerabilidad energética de España mientras se proclama la «transición ecológica».
La dependencia energética externa ha vuelto a evidenciarse en 2024, cuando tras dos años de saldo exportador, España ha vuelto a importar más energía de la que exporta, principalmente de Francia. La falta de inversión en interconexiones, almacenamiento y modernización de la red convierte a España en una isla energética frágil, incapaz de garantizar su propio suministro.
Apagones: la consecuencia de una planificación inexistente
Un apagón no puede atribuirse únicamente a la adopción de energías renovables. Sin embargo, la intermitencia de estas fuentes, sumada al abandono de infraestructuras firmes y la falta de inversión en la red eléctrica, multiplica los riesgos. España, según la Comisión Europea, necesita invertir en un ambicioso plan de inversión de 584.000 millones de euros para modernizar las redes en esta década si desea proseguir el despliegue renovable. Aun así, el gobierno español ha descuidado sistemáticamente la infraestructura eléctrica, priorizando titulares en los medios de información y propaganda en lugar de asegurar la fiabilidad del suministro.
Presión fiscal récord: recaudación sin retorno ni presupuestos
Mientras el sistema eléctrico se deteriora y la autonomía energética se derrumba, España bate récords de recaudación fiscal: un 23,4% de incremento desde 2019, con la presión tributaria superando el 42% del PIB. Los ciudadanos españoles pagan más que nunca y reciben cada vez menos.
El régimen fiscal español se ha convertido en un infierno tributario en el que las clases medias, los trabajadores autónomos y las pymes son exprimidos hasta la extenuación. Y, paradójicamente:
- El gobierno de Pedro Sánchez no presenta Presupuestos Generales del Estado desde 2022, al Congreso de los Diputados, tal como obliga la Constitución Española de 1978.
- No existe un plan de acción económico, ni objetivos definidos a corto, medio o largo plazo.
- No se realizan previsiones serias de ingresos y gastos ni se rinde cuentas de la gestión.
El Estado logra niveles de recaudación históricos sin invertir en aquello que debería ser prioritario:
- Mantenimiento y modernización de la red eléctrica.
- Infraestructuras ferroviarias (cada vez más degradadas, con zonas rurales abandonadas).
- Mejoras en la red hidráulica (en un país cada vez más vulnerable a la desertización y a riadas como la de Valencia y provincias limítrofes). Y aprobación de un Plan Hidrológico Nacional…
- Cuidado de bosques y previsión y evitación de incendios…
- Planificación de almacenamiento energético para paliar la intermitencia renovable.
En cambio, el gasto sí se canaliza a:
- Propaganda institucional, superando los 550 millones de euros anuales en comunicación gubernamental.
- Subvenciones ideológicas y estructuras clientelares, generando una red burocrática hipertrofiada que vive de relatos, eslóganes e ingeniería social.
El espejismo verde: dependencia, desindustrialización y pobreza energética
El resultado de esta política es devastador:
- España desmantela sus fuentes firmes sin contar con alternativas que garanticen la estabilidad.
- Se importa energía nuclear mientras se demoniza la propia.
- Se renuncia a explotar recursos minerales (como el uranio) para dependender de suministros extranjeros.
- La industria paga una de las electricidades más caras de Europa, perdiendo competitividad frente a EE. UU. (donde la electricidad industrial solo ha subido un 21% frente a los incrementos de 93-171% en Europa entre 2019 y 2023).
- La desindustrialización avanza, alimentada por políticas fiscales confiscatorias y por una red energética inestable.
Todo ello se enmascara con discursos sobre “sostenibilidad” o “progreso verde”, mientras la realidad es una nación cada vez más dependiente, improductiva y empobrecida.
Conclusión: una crisis deliberada
España no atraviesa simplemente una crisis energética o fiscal. Sufre las consecuencias de un gobierno que ha abandonado la planificación, la transparencia y la responsabilidad para sustituirlas por propaganda ideológica, demoliciones simbólicas y experimentos sociales.
No hay error de gestión: hay una demolición deliberada de la soberanía energética, industrial y económica. El resultado es una nación que apaga sus reactores mientras compra energía nuclear extranjera, que exprime fiscalmente a sus ciudadanos sin ofrecer infraestructuras dignas y que gobierna sin presupuestos mientras proclama la “modernidad”.
Un país que, bajo la bandera de lo “verde”, se dirige hacia la oscuridad de la dependencia y la pobreza energética.
Epílogo: sin energía no hay libertad
La energía no es un lujo: es la base de toda civilización. No hay industria sin energía, ni servicios públicos, ni crecimiento, ni empleo, ni seguridad. La soberanía energética es, de hecho, la condición fundamental para que exista posibilidad de soberanía nacional.
Un país que no produce su propia energía está a merced de quienes la controlan: de regímenes autoritarios, de mercados volátiles o de socios más poderosos. Y un país que no invierte en su red, en su almacenamiento, en su minería y en su innovación tecnológica, está condenado a depender, a pagar más y a sufrir apagones.
La energía es libertad. Y sin libertad energética, lo que queda es servidumbre política, fiscal y social. Es hora de elegir entre la dependencia disfrazada de transición o la reconstrucción de una soberanía real. Antes de que se apague la luz definitiva.
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