España ante el abismo: deuda, despilfarro autonómico y el secuestro del futuro

CARLOS AURELIO CALDITO AUNIÓN

El gasto militar real supera los 60.000 millones anuales (más del 5% del PIB), muy por encima de las cifras oficiales, debido a partidas ocultas y extrapresupuestarias. Solo en misiones militares en el exterior, el coste en 2024 ascendió a 1.753 millones, con opacidad total y sin control parlamentario.

El espejismo del “España 2050” frente a la ruina fiscal

Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez promueve el proyecto “España 2050” con promesas de sostenibilidad, digitalización y justicia social, la realidad fiscal y estructural de España camina en la dirección opuesta: hacia el colapso. Las proyecciones de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y los análisis demoledores de expertos como Roberto Centeno evidencian que la deuda pública, lejos de moderarse, se disparará hasta niveles insostenibles, hipotecando el futuro de varias generaciones. Pero el problema no es solo la deuda: es el modelo de Estado, la estructura administrativa y el clientelismo político lo que está devorando los recursos del país.

El Estado de las Autonomías: el mayor despilfarro estructural de Occidente

1. El origen del desastre

Roberto Centeno lo resume de forma brutal:

“El Régimen del 78 perpetró el mayor engaño a un pueblo de la historia de Europa. Dividieron España en 17 trozos contrarios a la realidad histórica y geográfica de nuestra nación, donde el gasto quedó a merced de ignorantes y corruptos, donde la eficacia y la eficiencia se sustituyeron por el clientelismo y la inmoralidad, y donde, en el colmo del dislate, ni responden por el endeudamiento, ni rinden cuentas a nadie.”

España es hoy el país más descentralizado y descontrolado del mundo desarrollado: solo el 44% del gasto público está centralizado (frente al 80% en la mayoría de países avanzados). El resultado es una administración pública hipertrofiada, ineficiente y plagada de enchufados.

2. Cifras del despilfarro autonómico

Coste anual del Estado autonómico:
Según Centeno, el despilfarro estructural ronda el 10% del PIB, es decir, 110.000 millones de euros anuales.
Solo la recentralización de las competencias transferidas supondría un ahorro inmediato de 40.000 millones de euros (26.000 en sanidad, 10.000 en educación y 4.000 en duplicidades y organismos).
Sanidad:
Antes de la transferencia a las CCAA (1990), el coste era de 33.000 millones (euros 2015). Hoy duplica esa cifra (67.000 millones), con peor calidad percibida, listas de espera interminables, absentismo récord (8%, el cuádruple que Europa), corrupción en compras y pérdida de economías de escala.
El ahorro potencial por recentralización: 26.000 millones.
Educación:
El gasto es de los más altos del mundo desarrollado, pero con los peores resultados.
La proliferación de universidades públicas ha creado una burbuja académica: 50 universidades, muchas sin demanda real, generando paro y gasto inútil.
Ahorro estimado por recentralización y cierre de lo inviable: 10.000 millones.
Empresas públicas, fundaciones y organismos:
Más de 2.400 empresas públicas autonómicas y locales, la mayoría innecesarias, sirven para colocar familiares y ocultar deuda.
El despilfarro anual: 10.000 millones.
Duplicidades y organismos superfluos:
Fundaciones, agencias, observatorios, embajadas autonómicas, televisiones públicas, parlamentos regionales (1.248 diputados autonómicos), todo multiplicado por 17.
Despilfarro anual: 36.000 millones.
Cupo vasco-navarro:
Un privilegio fiscal decimonónico que cuesta al Estado 10.000 millones anuales.
Fragmentación del mercado:
Más de 100.000 leyes autonómicas crean barreras internas, restando competitividad y crecimiento.
Coste directo: 6.000 millones.
Coste en PIB potencial perdido: 50.000 millones.
Atomización municipal:
Más de 8.100 ayuntamientos y 68.000 concejales, muchos ineficientes.
El ahorro por cerrar los ineficientes sería de 8.000 millones anuales.

La administración pública más cara y enchufista de Europa

España tiene 445.000 políticos (el doble que Italia o Francia), y cientos de miles de empleados públicos innecesarios. Según Montoro, de los 3 millones de empleados públicos, solo 700.000 han accedido por méritos y pruebas limpias; el resto son enchufados o producto de la multiplicación por 17 de las estructuras de gestión.

Las consecuencias sociales y económicas del modelo autonómico

1. Pobreza, exclusión y destrucción de la clase media

Pobreza y exclusión:
13,6 millones de personas en 2016 (790.000 más en un año).
Pérdida de renta y riqueza:
Las familias han perdido un 20% de su renta disponible y un 40% de su riqueza desde la instauración del modelo autonómico.
Destrucción de la clase media:
3,5 millones menos desde 1978.
Impuestos históricos:
Para sostener este aparato, los impuestos han alcanzado máximos históricos, ahogando la economía productiva.
Corrupción y clientelismo:
La descentralización ha multiplicado la corrupción y la falta de control. Decenas de miles de cargos públicos dedican su tiempo a crear barreras y leyes autonómicas que fracturan el mercado nacional.

2. El espejismo del crecimiento: la trampa de la deuda

La AIReF desmonta la propaganda gubernamental: la reducción de la ratio deuda/PIB en la próxima legislatura se debe al “efecto denominador” (inflación), no a una mejora real del control del gasto.
La deuda pública se acerca peligrosamente a los 2 billones de euros, con una tendencia explosiva a partir de 2030. El pago de intereses consume más de 32.000 millones de euros anuales.

Gasto superfluo, subvenciones y burbujas improductivas

1. Subvenciones indiscriminadas y gasto exterior

La política de subvenciones se ha convertido en un instrumento de reparto clientelar, regando con fondos públicos a colectivos, asociaciones, empresas y hasta gobiernos extranjeros sin criterios claros de eficiencia ni interés nacional.
El gasto militar real supera los 60.000 millones anuales (más del 5% del PIB), muy por encima de las cifras oficiales, debido a partidas ocultas y extrapresupuestarias. Solo en misiones militares en el exterior, el coste en 2024 ascendió a 1.753 millones, con opacidad total y sin control parlamentario.

2. La burbuja universitaria

El gasto público en universidades se ha multiplicado por 142 en 50 años. La proliferación de universidades y titulaciones sin demanda real ha generado una burbuja académica que no se traduce en mayor empleabilidad ni retorno económico. La presión autonómica por tener “su” universidad ha disparado los costes y reducido la eficiencia del sistema.

3. Sobrecostes y corrupción en la contratación pública

La contratación de obra pública, bienes y servicios está lastrada por sobrecostes, corrupción y fragmentación administrativa. La descentralización de competencias, especialmente tras las transferencias realizadas durante los gobiernos de Aznar, ha multiplicado los órganos de contratación y dificultado el control y la transparencia.
Una solución eficaz sería la recentralización de competencias y la creación de una única oficina nacional de contratos, con autoridad sobre todo el territorio, para negociar mejores precios, evitar duplicidades y reducir la corrupción.

El absurdo de los más de 8.000 ayuntamientos en España: despilfarro, burocracia y sobrecostes

Uno de los mayores disparates administrativos y económicos de la España contemporánea es la existencia de más de 8.100 ayuntamientos, una cifra heredada del siglo XIX y que, lejos de reducirse, ha seguido creciendo en las últimas décadas bajo el amparo de la partitocracia y el reparto de poder local. Esta atomización municipal es una de las fuentes más evidentes de despilfarro, ineficiencia y clientelismo político en nuestro país.

1. Estructuras sobredimensionadas e innecesarias

La mayoría de estos municipios carecen de población suficiente, recursos y actividad económica para justificar una estructura propia de gobierno. Sin embargo, cada uno de ellos mantiene:

Alcalde y decenas de concejales (en total, 68.000 concejales en toda España).
Diversas concejalías y departamentos, muchos de ellos sin función real o con competencias que podrían ser perfectamente gestionadas desde una administración superior o mancomunada.
Fundaciones, organismos autónomos, patronatos, empresas municipales, agencias locales, oficinas de turismo, de juventud, de igualdad, de cultura, de deportes, etc., la mayoría de las cuales solo sirven para colocar a familiares, amigos y militantes del partido de turno.

2. Burocracia y sobrecostes

Esta maraña de microestructuras genera una burocracia innecesaria que ralentiza la gestión, multiplica los trámites y, sobre todo, origina sobrecostes:

Gasto en personal político y administrativo, muchas veces duplicado o triplicado.
Contratación de servicios y obras públicas a precios inflados por falta de economías de escala y por la opacidad de la contratación local.
Mantenimiento de instalaciones y servicios que no responden a una demanda real, sino al interés de justificar presupuestos y cargos.

3. El escándalo de los coches oficiales y los privilegios

En los grandes municipios, todos los concejales disfrutan de coche oficial con chófer, un privilegio que no existe en ningún país civilizado y que supone un gasto millonario y absolutamente injustificable. España tiene más coches oficiales que Estados Unidos, un símbolo perfecto del despilfarro y la desconexión de la clase política con la realidad social.

4. Empresas públicas y fundaciones locales: la red clientelar

Existen más de 2.400 empresas públicas autonómicas y locales, la mayoría de ellas innecesarias y creadas únicamente para colocar a familiares y ocultar deuda. A esto se suman fundaciones, patronatos y organismos “autónomos” que no aportan valor añadido y solo contribuyen a engordar la nómina pública y a generar opacidad en la gestión.

5. ¿Para qué sirven tantos ayuntamientos?

La mayoría de los municipios españoles podrían gestionarse de manera mucho más eficiente y barata con buenos gestores administrativos o incluso administradores de fincas, como ocurre en comunidades de propietarios o en pequeños municipios de otros países europeos. No se necesitan alcaldes, concejales ni departamentos de “innovación”, “igualdad” o “participación ciudadana” en pueblos de 500 habitantes. Bastaría con una gestión profesionalizada y centralizada de los servicios básicos (agua, luz, recogida de basuras, mantenimiento de infraestructuras) y la coordinación de servicios sociales y culturales a nivel comarcal o provincial.

6. El coste del despilfarro municipal

Según estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, 5.900 ayuntamientos son ineficientes y deberían cerrarse. El ahorro potencial sería de 7.129 millones de euros anuales, cifra que podría superar los 8.000 millones si se incluyen los sobrecostes de empresas públicas, fundaciones y organismos locales. La mayoría de los países europeos han reducido drásticamente (hasta un 80%) el número de municipios, fusionando pequeños ayuntamientos y centralizando la gestión de servicios.

7. La resistencia al cambio: todos al reparto del botín

La razón por la que esta reforma no se acomete es simple: la casta política local se resiste a perder su parcela de poder, sueldos, privilegios y capacidad de colocar a los suyos. La atomización municipal es el caldo de cultivo perfecto para el clientelismo, la corrupción y la perpetuación de redes políticas que viven del presupuesto público.

8. Una administración local racional: el modelo francés

Si España adoptara la organización administrativa de Francia, históricamente nuestro modelo en derecho público, ninguna de las transferencias realizadas a las CCAA y la mayoría de los ayuntamientos se habría producido. El ahorro sería monumental y la gestión, mucho más eficiente y transparente.

El “efecto bola de nieve”: la espiral de la deuda

A partir de 2030, España llegará a un punto de inflexión en el que la deuda pública, lejos de moderarse, entrará en una senda ascendente y acelerada. El llamado “efecto bola de nieve” (cuando el diferencial entre el tipo de interés y el crecimiento económico se vuelve positivo) hará que los intereses de la deuda crezcan más rápido que la economía, generando una espiral insostenible que absorberá cada vez más recursos públicos.
El Estado se verá obligado a destinar una parte creciente de su presupuesto solo a pagar intereses, sacrificando inversión, servicios públicos y protección social.

Demografía y gasto: el cóctel explosivo del envejecimiento

El envejecimiento poblacional es el gran catalizador de este desastre fiscal. La AIReF prevé que el número de pensionistas crecerá un 56% hasta 2050, mientras la población en edad de trabajar disminuirá drásticamente. La tasa de dependencia pasará del 47,8% actual a casi el 70% en 2050. El gasto en pensiones y sanidad se disparará, y cuando el envejecimiento se modere, el peso de los intereses de la deuda será tan grande que absorberá cualquier posible ahorro. El déficit público alcanzará el 7,7% del PIB en 2070, y el pago de intereses supondrá el 6,8% del PIB.

El fracaso de la ley de racionalización local de Rajoy (LRSAL)

Durante el gobierno de Mariano Rajoy se aprobó la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), con el objetivo de dotar de eficacia a la administración, evitar duplicidades, triplicidades e incluso cuadruplicidades y racionalizar el gasto público local.
En la práctica, la ley fue un fracaso absoluto por varias razones:

Resistencia política y autonómica:
La mayoría de los partidos políticos, tanto a nivel autonómico como local, se opusieron frontalmente a perder parcelas de poder, cargos y capacidad de colocar personal afín. Las comunidades autónomas recurrieron varios artículos ante el Tribunal Constitucional, que acabó anulando o matizando partes esenciales de la ley.
Falta de voluntad real de aplicación:
El propio Partido Popular, una vez aprobada la ley, no la impulsó con la contundencia necesaria. No se forzaron fusiones de municipios, ni se cerraron empresas públicas locales, ni se eliminaron fundaciones y organismos innecesarios. Según Centeno, Rajoy prometió cerrar 1.500 empresas públicas locales y autonómicas, pero no cerró ninguna, limitándose a fusionar una docena.
Inercia burocrática y clientelar:
La maraña de intereses creados y la red clientelar tejida durante décadas hizo imposible cualquier intento serio de racionalización. Los ayuntamientos siguieron manteniendo competencias impropias y estructuras duplicadas, y la proliferación de organismos y fundaciones continuó sin freno.
Efecto nulo sobre el despilfarro:
Los sobrecostes, duplicidades y triplicidades siguieron existiendo. La atomización municipal, con más de 8.000 ayuntamientos y decenas de miles de concejales, no se tocó. El ahorro prometido nunca llegó y la administración local siguió siendo un sumidero de recursos públicos.

En conclusión, la LRSAL fue, en el mejor de los casos, un brindis al sol. No solo no se logró la racionalización y eficiencia prometidas, sino que la estructura local y autonómica siguió creciendo y generando sobrecostes. La ley se aplicó de manera laxa, fue desactivada por la presión política y judicial, y no se tradujo en una reducción real del gasto ni en la eliminación de duplicidades.

¿Qué hacer? Reformas urgentes y profundas

La evidencia es abrumadora: la deuda pública no es solo consecuencia de factores coyunturales, sino de un modelo estructuralmente ineficiente y clientelar. El Estado de las Autonomías ha multiplicado el gasto y la deuda, la proliferación de ayuntamientos y organismos públicos ha disparado el coste político, y la política de subvenciones y gasto exterior añade capas de despilfarro y opacidad. La burbuja universitaria y los sobrecostes en la contratación pública completan un cuadro de ineficiencia crónica.

Las reformas imprescindibles:

Recentralización de competencias clave: sanidad, educación, contratación pública.
Reducción drástica de administraciones y organismos, cierre de ayuntamientos ineficientes.
Supresión de subvenciones y gastos superfluos.
Eliminación de empresas públicas y fundaciones innecesarias.
Control férreo y centralizado de la contratación pública.
Reforma radical del sistema de pensiones y de la estructura del gasto social.
Transparencia y control parlamentario efectivo sobre el gasto militar y las misiones en el exterior.

Conclusión: o reforma radical o colapso

La situación exige una denuncia clara y sin matices: la política del aplazamiento, el cortoplacismo y el populismo fiscal están llevando a España hacia un abismo financiero. La deuda pública no es solo una cifra: es el reflejo de una gestión irresponsable que, si no se corrige, hará inviable el Estado de bienestar y la cohesión social.

Como señala Centeno, es una cuestión de vida o muerte:

“O acabamos con el régimen del 78 y las autonomías o ellos acabarán con nosotros.”

La sociedad española debe exigir transparencia, rigor y reformas reales. El tiempo de las excusas y los parches se ha terminado. El futuro de España está en juego, y la factura la pagarán, con intereses, quienes hoy aún no pueden votar.

Referencias y fuentes:

AIReF, Informes sobre sostenibilidad fiscal, 2024-2025.
Roberto Centeno, “El Estado autonómico: un despilfarro del 10% del PIB”, 2017. (ver texto completo)
Círculo de Empresarios, “Propuestas para la reforma de la Administración”, 2023.
Informes y estudios de la OCDE, Eurostat y Banco de España.
Ministerio de Hacienda, informes sobre eficiencia municipal.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).
Informes del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Hacienda (2014-2024).