El lunes, 30 de enero, presento mi libro «ESPAÑA SAQUEADA: POR QUÉ Y CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ… Y FORMA DE REMEDIARLO» en Madrid

Pues, sí, mañana presento mi libro en Madrid, en el «Lista 58 senior’s club», C/Ortega y Gasset 58, a las 19 horas.

Mañana trataré de contarles a los asistentes al acto, el contenido de un libro que posee casi mil páginas, lo cual no va a ser tarea fácil.

Como ya he narrado en varias ocasiones, fueron muchos los amigos y conocidos que durante años me animaron a hacer una especie de antología de lo que he venido publicando desde hace décadas en múltiples diarios, revistas, e incluso en aquellas revistillas que circulaban por los mostradores de los bares y tiendas en los que predominaban más los anuncios de compra-venta de pisos y objetos de toda clase, generalmente de segunda mano, y en las que lo que menos había era artículos o noticias… Finalmente me decidí e hice una compilación de todo lo que había disperso por doquier con mi firma. Por supuesto, seleccioné todo lo que, a mi entender, sigue gozando de actualidad en algún grado. También fueron muchos los textos que me empujaron a retomar determinados asuntos y a escribir otros nuevos.

El caso es que, escribiendo, escribiendo, observé que lo que me estaba saliendo era un diagnóstico minucioso de la situación que sufre nuestra patria, España; y esto me llevó a proponer soluciones. El análisis que he realizado de la actual España me obligó a remontarme en el tiempo a la España de cuando murió el General Franco. E, inevitablemente pasé a estudiar todo lo que se fue desmantelando de aquel régimen. Fue mucho lo que se fue demoliendo… y sobre los solares vacíos, tras retirar los escombros, no se volvió a levantar nada; nada de nada. Al parecer, los nuevos gobernantes (independientemente del partido político del que se tratara) tuvieron como principal objetivo emprender acciones de «damnatio memoriae», castigar al olvido a todo lo que guardara relación con el anterior régimen.

Al mismo tiempo que se castigaba al olvido a todo lo que oliera al régimen del General Franco, se fueron sentando las bases para destruir España, saquear a los españoles y crear un sistema intrínsecamente corrupto, al frente del cual está una élite extractiva, un entramado mafioso en el que los partidos políticos, más que agrupaciones que sirvan de cauce de representación de los ciudadanos en las diversas instituciones, son cárteles mafiosos que se reparten terriotorios y capacidad de influencia.

Todo aquello que nació torcido, es difícil, por no decir imposible, de enderezar. Es por ello que, a lo largo del libro propongo que se aplique una cirugía de urgencia y se recurra para ello a un «Cincinato» o como decía Joaquín Costa, a un «Cirujano de hierro».

Es también por ello que en múltiples ocasiones, en la mayoría de los capítulos de mi libro (que estuve tentado de titular «ESPAÑA ESTÁ ENCANALLADA, ¿QUIÉN LA DESENCANALLARÁ? EL DESENCANALLADOR QUE LA DESENCANALLE, BUEN DESENCANALLADOR SERÁ.) acabo también proponiendo que se reinstaure el denominado «juicio de residencia» para frenar la corrupción y castigar y disuadir a los corruptos; institución genuinamente española, existente desde Alfonso X «el sabio». Ya se menciona el «juicio de residencia» en las Siete Partidas. Las Partidas, es el resultado de la compilación de todas las leyes que afectaban a todos los residentes en el Reino de Castilla y fueron redactadas durante el reinado de Alfonso X (1221-1284) con el objetivo de conseguir una cierta uniformidad jurídica del reino. Su nombre original era «Libro de las Leyes», y hacia el siglo xiv d. C. recibió su actual denominación, debido a las secciones en que se estaba dividida.

Es bueno que lo describa brevemente para quienes aún no sepan en qué consistía el «juicio de residencia» o para quienes lo hayan olvidado:

El Juicio de Residencia era un procedimiento para el control de los funcionarios de la Corona española, cuyo objetivo era revisar la conducta de los funcionarios públicos tanto de este lado del Atlántico como de las provincias de ultramar, verificar si las quejas en su contra eran ciertas, la honradez en el desempeño del cargo, y en caso de comprobarse tales faltas se les apartaba o se les imponían sanciones… Eran sometidos a él todos los que hubiesen desempeñado un oficio por delegación de los Monarcas.

Inicialmente se aplicaba sólo a los jueces, que deberían de permanecer en el lugar en el que habían ejercido su cargo durante cincuenta días, para responder a las reclamaciones que le plantearan los ciudadanos que se consideraban perjudicados por ellos.

A partir del año 1308, se someten a él todos los «oficiales» del rey. Se consolidó a partir de Las Cortes de Toledo de 1480, así como en la Pragmática posterior de 1500 . Tenían que someterse a él desde los Virreyes, Gobernadores y capitanes generales hasta corregidores, jueces (oidores y magistrados), alcaldes y otros. Se realizaban al finalizar el mandato para el cual habían sido nombrados, para evitar los abusos y desmanes de los gestores de la administración pública.

El jesuita Pedro Ribadeneyra (1526-1611), uno de los preferidos de S. Ignacio de Loyola, en su «Tratado de la religión y virtudes que debe tener el Príncipe cristiano para gobernar sus estados», expresa, refiriéndose al Juicio de Residencia: “…porque cuando no se oyen las justas quejas de los vasallos contra los gobernadores, además del cargo de conciencia, los mismos gobernadores se hacen más absolutos y los vasallos viendo que no son desagraviados ni oídos entran en desesperación”.   

 Los funcionarios públicos, una vez terminado el perido de tiempo para el que habían sido elegidos, no podían abandonar el lugar en el que habían estado ejerciendo sus funciones, hasta haber sido absueltos o condenados. Una parte de su salario se les retenía para garantizar que pagarían las multas si las hubiere.     

Es muy importante prestar atención a esta última condición, ya que, en prevención del resultado del proceso, y en caso de que el funcionario público, o cargo electo, acabara resultando culpable y tuviese que pagar la sanción pecuniaria que le correspondiese, el tribunal sentenciador dispondría de la cantidad de dinero suficiente para satisfacer la pena que se le impusiera.

Muchos de los funcionarios esperaban con verdadero deseo que, al final de su mandato, llegase este momento, ya que si lo habían ejercido con honradez y ecuanimidad podrían aumentar su prestigio y ser promovidos para puestos superiores.

Evidentementes, cualquier cargo electo o empleado público sabía sobradamente que, más tarde o más temprano habría de somerterse a un «juicio de residencia», cuando finalizase su mandato. Es más, si habían sido fieles cumplidores de su deber, lo deseaban.

También es importante señalar que, el «residenciado» tampoco podía ocupar otro cargo hasta que finalizase el procedimiento.

Una vez finalizado el periodo del mandato, se procedía a analizar con todo detenimiento las pruebas documentales y la convocación de testigos, con el fin de que toda la comunidad participase y conociese el expediente que se incoaba, el grado de cumplimiento de las órdenes reales, y su comportamiento al frente del oficio desempeñado.

El Juez llevaba a cabo la compilación de pruebas en el mismo lugar de la residencia, y era el responsable de llevar y efectuar las entrevistas.

Este juicio era un acto público que se difundía los cuatro vientos para que toda la sociedad lo conociese y pudiese participar en el mismo. El juicio de residencia se comunicaba a los vecinos con pregones, y se convocaba a todos aquellos que se considerasen agraviados, por el procesado.

Se componía de dos fases: una secreta y otra pública.

En la primera se inquiría de oficio la conducta del enjuiciado, y se interrogaba de manera confidencial a un grupo de testigos, se examinaban los documentos y se visitaba la cárcel.

En la segunda, los vecinos interesados podían presentar todo tipo de querellas y demandas contra los encausados que se tendrían que defender de todas las acusaciones que se hubiesen presentado en las dos etapas del proceso.

Según fuese la importancia de los delitos, se castigaban con multas, confiscaciones de bienes, cárcel y la incapacitación para volver a ocupar funciones públicas. Generalmente, las penas que más se imponí­an era multas económicas junto a la inhabilitación temporal y perpetua en el ejercicio de cargo público.

Los Juicios de Residencia fueron una herramienta poderosísima y redujeron enormemente la corrupción y los abusos que, seguramente se habrí­an cometido sin ellos.

Famosos fueron los juicios de residencia contra Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y otros muchos más. Nadie estaba libre de ser enjuiciado.

Los juicios de residencia funcionaron hasta que fueron derogados por las Cortes de Cádiz de 1812.

Sorprende especilamente que, fueran los liberales los que eliminaron una herramienta tan potente para el control de las corruptelas y abusos polí­ticos de los gobernantes. Indudablemente, sólo cabe pensar que les incomodaba tremendamente…

Respecto de lo que vengo hablando, no cabe duda de que «cualquier tiempo pasado fue mejor».

Bien, es seguro que más de uno preguntará ¿Existe el agente político capaz de todo ello en nuestro país?
¿Existe algún cirujano de hierro (como decía Joaquín Costa) que tenga tal propósito, dispuesto a actuar con contundencia, sin complejos?

No se olvide el que Maquiavelo afirmaba que, debe ser uno de los principales atributos de “un buen príncipe”: debe tener tanto de zorro como de león para buscar el contexto y tener la oportunidad.

De todo ello y mucho más les contaré mañana en la presentación de mi libro. Si acuden al «Lista 58 senior’s club», C/Ortega y Gasset 58 (Madrid), a las 19 horas, pueden estar seguros de que no se sentirán defraudados.

Carlos Aurelio Caldito, es un ‘histórico discrepante’, objetor, contestatario…, que no suele pasar desapercibido y afirma ser de la generación de «la leche en polvo americana» y de los que todavía dicen “por favor”, “buenos días”, “gracias”… Ser hijo de Guardia Civil, le llevó a peregrinar por los
destinos de su padre. Cursó estudios de Ciencias Políticas, Educación Física y Magisterio en la Academia de Mandos José Antonio Primo de Rivera en 1974, finalizando estos últimos en Badajoz, donde ha sido profesor de Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como profesor de Educación
Física en el Centro Penitenciario de Badajoz. Primer objetor de conciencia de Badajoz y buen “gourmet político”, nunca se sintió indiferente ni miró para otro lado desde muy joven.
Considera objetivo irrenunciable la Unidad de España y desmantelar el «estado autonómico», recuperando para el Estado competencias como Sanidad, Educación y Justicia. Es contrario al consenso socialdemócrata y claro defensor de la economía de mercado y la democracia liberal, con
absoluta separación de poderes y un mercado único en todo el territorio español. También defiende abiertamente, sin complejos, la vida, la familia y la sociedad judeocristiana, y no ha abrazado ni nunca se ha rendido a la denominada «perspectiva de género», de la que ha sido víctima.
Carlos Caldito es de los que piensan que cualquier persona debe estar dispuesta a aprender y, desde su propio criterio y con la mejor información, estarlo también que a cambiar de opinión…

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